El jefe delegacional de Venustiano Carranza, Manuel Ballesteros, acudió ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acompañado por un grupo de diputados del PRD, para presentar una queja contra el cerco policiaco-militar montado alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro con miras a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

Ballesteros afirmó que unas 30 mil personas que habitan, trabajan o circulan por esa zona se han visto afectadas por el operativo de seguridad. Presentó 3 mil 500 firmas de vecinos y 2 mil 10 copias de credenciales de elector de ciudadanos inconformes con dicha medida, que violaría el derecho constitucional al libre tránsito. “Mucha gente no puede entrar a su casa y le piden la credencial de elector (para pasar). Es una exageración y una arbitrariedad montar un operativo de 10 kilómetros con tantos días de anticipación.”

Por su parte el diputado federal perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo no saber cuál es el temor que lleva al gobierno entrante a impedir el tránsito normal de los vecinos. El Poder Ejecutivo está amurallando al Poder Legislativo y eso no lo vamos a tolerar. No puede ser que eso se repita cada seis años; por eso pedimos al Estado Mayor Presidencial que levante este cerco, señaló.

Carlos Reyes Gámiz, vocero de la bancada del PRD en San Lázaro, sostuvo que la gestión de Peña Nieto se inicia con signos de intolerancia, como lo demuestra el hecho de conferir tantos poderes a la Secretaría de Gobernación. Esta demostración excesiva de fuerza contra los ciudadanos aparece como señal de lo que va a ser la actitud del próximo equipo de gobierno, puntualizó.