Madrid, 28 de noviembre. Un hombre de 59 y natural de Navarra se suicidó ante la amenaza de desalojo de su vivienda, que tenía en alquiler, y la desesperación por su precaria situación económica y laboral. Este ciudadano español se convierte así en el tercero en quitarse la vida con un proceso de desahucio de por medio en los últimos dos meses.

Es el rostro más severo y trágico de la crisis económica que azota a España desde el año 2008 y que ha convertido a este país en un lugar inhóspito para la búsqueda de empleo y en el que crece día a día la pobreza, la marginalidad y hasta la desnutrición infantil. Desde la llegada al poder del derechista Partido Popular (PP) y de su presidente, Mariano Rajoy, la situación ha empeorado: el desempleo está en sus índices más altos, con más de 5 millones 600 mil personas, lo que supone 25.1 por ciento de la población activa. Además de que se desmantela poco a poco el precario estado de bienestar que tenía el España si se compara con el de otros países de su entorno, como los del norte de Europa.

El nuevo suicidio volvió a despertar la indignación de una sociedad que se enfrenta, una gran parte en la calle y en movimiento sociales cada vez más contestatarios, a los recortes y los miles de millones de euros que se destinan para salvar a las entidades financieras.

El ciudadano navarro que se suicidó vivía en Santesteban, en el norte de Navarra, y vivía en régimen de alquiler, pero una deuda de 4 mil 200 euros con el propietario le llevó a un juicio que culminó con una sentencia en contra y que el proceso de desalojo se podía llevar a cabo a partir de hoy.

Este suicidio se suma a los ocurridos el pasado 25 de octubre en Granada, en el que murió un hombre de 54 año horas antes de ser deshuciado. El día siguiente, 26 de octubre, otro ciudadano intentó suicidarse y quedó gravemente herido. Y, por el último, el suicidio del pasado 9 de noviembre de Amaia Egaña, de 54 años, que se tiró desde la ventana de su casa y provocó una enorme conmoción en el País Vasco y en el resto del Estado español.

Mientras tanto, los dirigentes europeos y españoles se centran en las medidas para rescatar el sistema financiero, sobre todo la red de cajas de ahorro ahogadas por su mala gestión y por los numerosos productos tóxicos que tienen en sus activos, la mayoría procedentes de la burbuja inmobiliaria. El resto, inminente, que sólo se destinará a cuatro cajas, supondrá el desembolso de 37 mil millones de euros, que tendrán que pagar a la postre el conjunto de los ciudadanos españoles. Además, hoy trascendió que las autoridades europeas, que son las que dieron luz verde al crédito para rescatar al sistema financiero español, exigieron una serie de condiciones de obligado cumplimiento, entre ellas el despido de más de 10 mi trabajadores de las entidades financieras.

Los bancos afectados son Bankia, Novagalicia, Catalunya Bank y Banco de Valencia, que acaba de ser absorbida por La Caixa. El plan exigido por Bruselas ya fue aprobado por el Banco de España y en él se prevé además la reducción hasta en 60 por ciento del tamaño de los bancos afectados. Además deberá vender sus participaciones industriales y destinar los fondos obtenidos con estas desinversiones a rebajar la factura pública.

El plan diseñado por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para España también tiene previsto aprobar antes de la Navidad el plan de recapitalización de las otras entidades que van a necesitar fondos públicos, entre ellas Ceiss (Caja España y Duero), Banco Mare Nostrum, Liberbank y Caja 3.