Inseguridad, prostitución, incremento del ambulantaje, proliferación de basura, falta de coordinación entre los cuerpos policiacos, indefinición jurídica y crecimiento de las tiendas de conveniencia han colocado a la Central de Abasto (Ceda) en situación de sobrevivencia, denunciaron locatarios.

En un recorrido con diputados de PAN, PRD, PRI y PT, el director de la Ceda, Raymundo Collins, rechazó esas quejas: son apreciaciones suyas, pero las cifras nos indican que en materia de seguridad bajamos los índices de robo de autos, autopartes y transporte de carga, así como la venta de droga.

La realidad, le increparon comerciantes y representantes del mercado de flores y hortalizas, es distinta: la gente no viene por temor a ser asaltada, que su vehículo se lo lleven al corralón y pague una multa de casi mil pesos o tenga que lidiar con ambulantes que hoy no vinieron, al montarse este espectáculo.

Durante el año, las ventas han caído en promedio 80 por ciento y ni en la temporada navideña vamos a recuperarnos, porque las cosas no pintan bien y seguiremos reduciendo trabajadores, además de buscar otros canales de distribución, pues los mercados, nuestros principales clientes, están muy mal, dijeron.

Las tiendas de conveniencia y autoservicios, afirmaron, siguen apareciendo por todos lados, aun con la norma 29 aprobada por el gobierno para impedir su instalación cerca de mercados o tienditas, lo cual nos pega, pues no compran aquí, y quienes sí vienen sufren muchos atropellos o robos.

Representantes del comité técnico, sector transportista y de la Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas, quienes fueron invitados a un desayuno o al recorrido con los diputados, afirmaron que esos ataques no sólo pegan a la Central, sino a las miles de familias que de ella dependen.

Aristeo Serrano, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF), destacó la baja de la incidencia delictiva. “El envío de 4 mil 500 personas al juzgado cívico anualmente evita que se cometan otros delitos, y tenemos 300 remitidos a los Ministerios Públicos local y federal, por diversas causas, y otros 60 por narcomenudeo. Cuando se solicita se coordinan los diversos cuerpos, aunque no nos conocemos entre policías”, reconoció.

La diputada del PRI María de los Ángeles Moreno señaló que la indefinición jurídica en cuanto si el fideicomiso de la Ceda es público o privado ha derivado en su deterioro, al no destinarse recursos públicos para su mejoramiento, aunque, como dicen sus autoridades, es obsoleto y debe actualizarse.

Además se revisará “si es legal, jurídico y está dentro de las normas para proceder en casos como cobro de peaje, existencia de grúas y un corralón o gasolineras en su interior, para corregirlo, y dejar en claro que no hay extraterritorialidad, pues la Ceda no es una isla y la maneja el gobierno, contra lo que dijo su director, quien destacó la existencia de 16 delegaciones y la Ceda.

Los diputados del PAN Gabriel Gómez del Campo y Orlando Anaya señalaron que dicha apreciación refleja la falta de regulación del comercio en el mercado mayorista y la necesidad de modernizarlo en la parte estructural y programática. Es uno de los grandes pendientes de esta administración, así como transparentar sus recursos, donde no vale que digan (que el fideicomiso) está a nombre del Banco Santander y no hacerlo.