Monterrey, NL, 27 de noviembre. Justicia y ayuda a los hijos de las víctimas del atentado al casino Royale y una investigación transparente de la muerte de dos estudiantes de Tecnológico de Monterrey abatidos por soldados durante un enfrentamiento con un grupo armado, son dos promesas que el gobierno de Felipe Calderón incumplió con ciudadanos regiomontanos.

Samara Pérez, representante de los deudos de la tragedia del casino Royale y madre de Brad Xavier Muraira, quien murió en el ataque a la casa de apuestas, el 25 de agosto de 2011, considera que la administración federal panista tiene una deuda de justicia con las 42 mujeres y 10 hombres que perecieron en el incendio provocado por el grupo delictivo Los Zetas.

Un año y tres meses después del atentado, hijos, padres y cónyuges de los fallecidos mantienen su exigencia de que las autoridades de procuración de justicia sentencien a todos los agresores. Hasta ahora han sido detenidos 19 presuntos responsables del ataque, pero a ninguno se le ha dictado sentencia.

En agosto pasado, cuando se cumplió el primer aniversario de la tragedia, el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Transformación y la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otros organismos, recordaron que el gobierno calderonista se comprometió a clausurar los casinos que operan sin permiso en el estado y sancionar a los que no cumplen con la normativa municipal.

Al hacer un recuento de asuntos pendientes, exigieron a la autoridad revelar los nombres de los dueños del casino y la detención de los responsables del ataque al Royale; no se han fincado responsabilidades a funcionarios públicos, por el contrario, han sido exonerados por errores de la Procuraduría General de la República, acusaron y demandaron a Calderón que antes de concluir su gestión se hiciera pública dicha información.

No sólo el mandatario panista ha sido omiso en este caso, su esposa, Margarita Zavala, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), prometió a los familiares de las víctimas, en tres visitas que realizó a Nuevo León, el 9 de agosto, 6 y 23 de septiembre de 2011, la creación de un fideicomiso.

Uno de los beneficiarios del fideicomiso sería el menor Alejandro Javier Martínez, quien padece distrofia muscular, y es hijo de Patricia Sáenz Cantú, quien perdió a su marido Eduardo Martínez Cavazos en el atentado a la casa de apuestas.

Debido al desamparo en que quedaron Sáenz Cantú y sus tres hijos, Zavala la visitó en su casa, donde le prometió becas para los gemelos universitarios Enrique y Eduardo, así como tratamiento médico de por vida del adolescente postrado por esa enfermedad congénita.

A cuatro días de que Felipe Calderón deje la Presidencia, varias familias continúan a la espera de recibir el fideicomiso prometido por su esposa, Margarita Zavala, en apoyo a los huérfanos de la tragedia del casino Royale.

La comunidad del Tecnológico de Monterrey también se quedó a la espera de que el político michoacano cumpla lo que prometió tras la muerte, el 19 de marzo de 2010, de los estudiantes de posgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes fallecieron por disparos de armas de fuego realizados por militares.

En una primera versión difundida por las autoridades se aseguraba que los occisos eran sicarios de un grupo del crimen organizado, pero dos días después el rector Rafael Rangel Sostmann aclaró que eran alumnos de esa casa de estudios. Días después, Calderón envió una misiva a la comunidad universitaria en la cual se comprometía a esclarecer las circunstancias en las que murieron los alumnos.

El pasado 2 de octubre, la asamblea universitaria del Tec de Monterrey (AUTM) denunció el silencio de las autoridades y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos difundir la información sobre el proceso penal que la comunidad supone realizan los tribunales militares.

Ese día, la AUTM exigió a las autoridades dar a conocer si se dictó sentencia contra el o los responsables de la muerte de los estudiantes. Pidieron conocer sobre la averiguación previa en contra de un soldado sólo identificado como AR2, quien habría sido arrestado en junio de 2012.