Pese a los esfuerzos de la bancada del PRI en el Senado y de integrantes del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, PAN, PRD y PT decidieron que modificarán la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la regresarán a la Cámara de Diputados.

Afirmaron que el propósito es definir controles democráticos a la concentración de facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación, las que –a juicio de los perredistas– pueden llevar incluso a la persecución de opositores.

Las comisiones dictaminadoras sesionaron a puerta cerrada prácticamente todo el día. Se decretó un receso en el pleno con la intención de votar por la noche la minuta, pero ante la falta de acuerdo, ya que el PRD propone cambiar 45 artículos, se acordó que el Senado sesione hoy a las 10 de la mañana.

La intención es que las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera trabajen toda la noche, a fin de que el dictamen esté listo este miércoles por la mañana; se vote ante el pleno y se regrese a San Lázaro, para que los diputados lo aprueben por la tarde y las reformas propuestas por Peña Nieto estén listas antes de que rinda protesta como presidente de la República.

El tema preocupa mucho al PRI, que ayer pretendía acelerar el proceso y pasar al pleno la minuta, a la que ayer mismo se le dio entrada y turnó a comisiones. A tal grado que Felipe Solís Acero, Virgilio Andrade y Eduardo Sánchez, del equipo de transición, se desplazaron al Senado para reunirse con las comisiones dictaminadoras.

Eel presidente del PAN, Gustavo Madero, estuvo también en la sede de Reforma e Insurgentes para discutir con su bancada el pacto negociado con el PRI, pero también esa minuta que permite la reorganización de Gobernación y la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.

No se dará cheque en blanco

Entrevistado por la noche, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, sostuvo que no darán a Peña Nieto un cheque en blanco para crear una supersecretaría sin controles del Congreso. Anunció que entre los cambios torales que su bancada propone –y que llevan el aval del PAN– están que el secretario de Gobernación esté obligado a comparecer y rendir informes periódicos ante el Senado y la Comisión Bicameral de Seguridad Pública.

A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter expuso que otro de los controles democráticos a la actuación de Gobernación es que el subsecretario de gobierno para seguridad pública, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el titular de la Policía Federal o la gendarmería sean ratificados por el Senado.

Los también perredistas Dolores Padierna y Alejandro Encinas detallaron que deben acotarse las facultades de Gobernación, ya que algunas de esas funciones chocan con disposiciones constitucionales, como el hecho que la dependencia pueda decidir unilateralmente enviar a la Policía Federal a estados o municipios, sin que lo soliciten los gobernadores o presidentes municipales.

Padierna detalló que no fue suficiente que los diputados eliminaran del numeral 18 de la minuta la palabra disturbios, porque de todas formas se autoriza a Gobernación a enviar, por ejemplo, la Policía Federal a alguna delegación del DF.

En el numeral 19 –añadió– se faculta también a la Policía Federal para auxiliar en la persecución de delitos y disponer de la fuerza pública en casos de alteración grave del orden público. No se explica –dijo– qué se entiende por ello, y lo grave es que ahí se ubique una huelga, un plantón del SME o la toma de tribuna en el Congreso. Tal como está redactado ese artículo –insistió– pareciera que está pensada en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

Los panistas Javier Corral y Héctor Larios coincidieron en que se deberá ajustar la minuta para lograr equilibrios en ese nuevo poder que se da a Gobernación. A su bancada le preocupa la desaparición de la Secretaría de la Función Pública sin que haya acuerdo en el Senado en torno a la comisión anticorrupción, la cual asumiría las funciones de esa dependencia.

El senador priísta Raúl Cervantes dijo que los 19 artículos transitorios de la minuta cubren el lapso de entrada en vigor del nuevo órgano anticorrupción y no se requiere que la Secretaría de la Función Pública permanezca tres meses más. Al cierre de este edición aún no se iniciaba la reunión de las comisiones dictaminadoras.