La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviará hoy a juzgados civiles 17 juicios en los que militares están acusados de cometer acciones contra civiles, de delitos contra salud, y en aquellos casos en los que no violaron específicamente la disciplina castrense.

Asimismo, los ministros analizarán 12 amparos presentados por indígenas en los que alegan la violación al procedimiento legal en su contra, al no haber contado con traductor de su lengua natal cuando rindieron declaración ante el Ministerio Público y durante el proceso penal en su contra. Sin embargo, en estos temas y a pesar de que la primera sala ha emitido sentencias absolutorias en casos similares, no hay consenso entre los juzgadores para concederles la libertad inmediata.

Después de que el pleno de la SCJN resolviera en agosto y septiembre pasados 14 juicios en los que delimitó los alcances del fuero de guerra y la inaplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar que facultaba a los jueces castrenses a juzgar a militares por delitos en agravio de civiles con el pretexto de que habían cometido el ilícito durante actos del servicio, quedaron pendientes 17 asuntos similares, los cuales fueron turnados a la primera sala para su resolución.

Con base en los criterios definidos por el pleno en la materia, se prevé que en la sesión de hoy la sala envíe a los juzgados del fuero común o fuero federal los asuntos de los militares que violaron derechos humanos de civiles.

La mayoría de los asuntos tienen que ver con cuestiones de competencia, en la que se cuestionan decisiones de jueces federales o militares en relación con militares acusados de cometer diversos delitos, como son autos de formal prisión, concesión de libertad provisional, libertad por desvanecimiento de datos, así como la constitucionalidad del artículo 618 del Código de Justicia Militar.

Por otra parte, en la última sesión de sala en la que estará presente el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia se analizarán 12 amparos (directos y en revisión) en las que se impugnan sentencias firmes y amparos de indígenas que denuncian que el juicio en su contra fue inconstitucional porque no contaron un traductor en su lengua natal durante el proceso seguido en su contra.

En estos asuntos se espera una intensa discusión, ya que no todos los ministros comparten el criterio de que las irregularidades denunciadas son suficientes para dejarlos en libertad.