La directora del Instituto Aguascalentense de la Mujer, Elsa Amabel Landín, dijo estar en contra de la iniciativa para que los feminicidios sean tipificados como delitos en su entidad, como propusieron las bancadas de los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Demócratica en el Congreso estatal, y se estipulen en la ley las agravantes del homicidio, entre ellos la violencia de género.

Landín afirmó que el feminicidio implica, como plantean los código penales Federal y de otras entidades, la omisión por el Estado y de la comunidad en la atención a las muertes de mujeres. ¿Cómo voy a probar una violencia de género, un odio de género?, cuestionó.

Añadió: El homicidio de un homosexual implica una muerte por odio de género, y al asesino no lo podríamos agarrar y ponerle una agravante, porque no está matando mujeres, sino hombres.

De acuerdo con Landín, se necesita incrementar las penas a los funcionarios públicos que son omisos a las sanciones, es decir, en el Ministerio Público, quien no levante una denuncia en favor de una mujer porque no le ve moretones en la cara, a quien no acude al llamado de una mujer que está en riesgo de perder la vida. Al juez que no emite una orden de protección de manera inmediata para salvaguardar la vida de una mujer. Ahí sí nos interesa que las penas sean mayores.

La también ex secretaria general del PRI en Aguascalientes consideró: “Tenemos suficientes sanciones para los homicidas, aun por encima de las que marca el delito del feminicidio para tenerlos en la cárcel por matar una mujer, como dolo, alevosía, ventaja, pero todavía tenemos que ser más duros con los castigos a los funcionarios omisos, a quienes no están atentos para prevenir las muertes de mujeres, no para tipificar los fallecimientos de mujeres”.

Mientras tanto, el diputado independiente Érick Godar Ureña presentó al pleno del Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el feminicidio como delito grave. La propuesta busca definir que éste ocurre cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones infames, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida, o hayan existido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

También se tipificarían como feminicidios los casos en que los cuerpos de las víctimas se expongan, depositen o arrojen en lugares públicos o se haya incomunicado a la víctima antes de su fallecimiento. La redacción de la propuesta incluye los casos de secuestro contra mujeres cuyos cuerpos sean arrojados a la vía pública.

A su vez, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz, aseguró en la capital de Guanajuato que la brutalidad con que se cometen feminicidios en la entidad se incrementó en los pasados tres años, y aseguró que 160 mujeres han sido ejecutadas en el estado de 2010 a la fecha, ocho de ellas niñas de entre dos y cuatro años.

Cruz sostuvo que en 2010 fueron ultimadas 60 mujeres en Guanajuato, 49 en 2011 y este año 51, lo cual implica un incremento de 4 por ciento respecto del año anterior.

Añadió que en el estado la violencia contra las mujeres no ha sido una agenda prioritaria, y por ello el fenómeno va aumentando y se comete con una brutalidad cada vez mayor.

Abren centro de justicia en el Edomex

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del estado de México puso ayer en operación en la ciudad de Toluca el primer Centro de Justicia para Mujeres, donde se recibirán denuncias y se atenderá a víctimas de delitos cometidos contra ese sector de la sociedad. Con las nuevas instalaciones se pretende que las mujeres puedan denunciar en una oficina abusos en su contra y ser atendidas y canalizadas con médicos legistas, trabajadores sociales, de asistencia jurídica y de apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y hasta con un juez del Poder Judicial que pueda dictar medidas cautelares para proteger su integridad física.

Por otra parte, organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron en la capital de Chihuahua para despedir al presidente Felipe Calderón, a quien reclamaron los feminicidios y los asesinatos de más de 10 mil personas en la entidad durante su sexenio.

(Claudio Bañuelos, María Alejandra Arroyo, Carlos García, Israel Dávila, Miroslava Breach y Myriam Navarro)