El informe de la contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el manejo financiero y la operación del organismo destaca que, en lo general, se identificó que la información financiera y presupuestal presentó deficiencias, entre otros aspectos, porque no han sido depuradas las cuentas del balance deudoras-acreedoras y, en algunas áreas, remanentes de recursos de ejercicios anteriores que no fueron reintegrados a la dirección ejecutiva de administración.

De acuerdo con el documento, el sistema de contabilidad institucional presentaba deficiencias operativas en los órganos desconcentrados (juntas distritales y locales). Consecuencia de ello, el registro de operaciones y comprobación de erogaciones del primer semestre de 2012 se ha retrasado, por lo que la información contable y presupuestal como sustento de la rendición de cuentas ha sido inoportuna, lo cual limitó las actividades de control.

El Informe previo de gestión 2012 fue entregado originalmente por el contralor Gregorio Guerrero en agosto pasado, conforme a lo dispuesto, pero será presentado al Consejo General tres meses después, a pesar de que a principios de 2013 debe emitirse el reporte final.

En el desglose de las irregularidades, el documento menciona que de la revisión se desprendieron 29 recomendaciones correctivas y 91 preventivas. La contraloría subraya que a partir de ello se hace evidente la necesidad de fortalecer el control interno y mejorar la supervisión, con el fin de incrementar la eficiencia en la administración de los fondos y el cumplimiento normativo que rige la operación de los órganos desconcentrados.

Al referirse al rubro de los recursos materiales, el texto destaca que se identificaron deficiencias administrativas en el ejercicio de los fondos, así como en el control y resguardo de los bienes del instituto, pues se observó la persistencia de gastos en combustibles sin el debido cumplimiento normativo; el improcedente pago anticipado de servicios y, en general, insuficiencias en el control administrativo de las juntas locales ejecutivas y distritales visitadas, aspectos que deben subsanarse con acciones correctivas y preventivas.

Por lo que respecta al manejo de los recursos humanos, la contraloría subraya que en lo general se advierten deficiencias administrativas relacionadas con el cumplimiento de la normatividad para su administración, concentradas en incumplimiento sobre el manejo y control de las plazas autorizadas; radicación de sueldos, incidencias de personal y pago de impuestos locales.

Al desglosar las irregularidades, la contraloría remite a lo que detectó en cada junta local. Menciona que en algunas se efectuaron pagos anticipados indebidos de rentas. En otras se asignaron vehículos a funcionarios no autorizados, sobrejercicio en algunas partidas y pago en exceso de impuesto sobre nóminas.

En cuanto a las oficinas centrales, el reporte sostiene que hay 75 acciones pendientes –correctivas y preventivas– sobre anomalías detectadas, entre las cuales destacan la realización de pagos duplicados o indebidos por falta de ejecución de trabajos, o bien realizados con deficiencias, en cantidad inferior a la efectivamente realizada y/o sin cumplir con las especificaciones pactadas en el contrato; modificaciones en el convenio sin formalizarlo y falta de aplicación de sanciones a provedores y contratistas por incumplimientos, entre otras.