Ante los reproches de legisladores y ciudadanos por el cerco policiaco y militar a la Cámara de Diputados y tres colonias circundantes –que incluye la colocación de vallas metálicas–, la mesa directiva expresó que no requirió el operativo ni que fuera de tal magnitud ni con tanta antelación.

Poco después de que la Junta de Coordinación Política acordó solicitar información que justificara la instalación del cerco –de estado de sitio lo calificaron PRD y Movimiento Ciudadano–, el presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia de prensa para aclarar que el gobierno federal decidió el operativo.

Agregó que envió sendos oficios al Estado Mayor Presidencial (EMP), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina para solicitar que se afecte lo menos posible a la ciudadanía.

Debido a la vigilancia en el perímetro, cientos de personas debieron dar rodeos hasta de cuatro kilómetros para salir a sus trabajos y escuelas y regresar a sus domicilios.

El cierre de avenida Congreso de la Unión, así como el sentido norte-sur de Eduardo Molina, provocó caos vial. El EMP colocó un retén en el puente peatonal de la estación San Lázaro.

Murillo Karam sostuvo que el operativo tiene el objeto de garantizar la paz, la tranquilidad, la circulación y, al mismo tiempo, la seguridad de todos. (Y) que cualquier vida o cualquier eliminación de violencia es bastante más importante que cualquier otra cosa.

No obstante, sostuvo que él no solicitó la colocación de vallas metálicas ni la presencia policiaca y militar, porque no tiene autoridad en la calle, sino exclusivamente en el recinto. Además adujo que él dio cuenta de la muralla cuando llegó este lunes a la Cámara. Sin embargo, convino que es mucho y muy pronto.

Por su parte, diputados del PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la Cámara de Diputados se encuentre en estado de sitio, el cual no se justifica porque, aun cuando hay anuncios de movilizaciones por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto –el sábado primero–, no hay condiciones de violencia ni de animosidad comparables al tamaño de la acción policiaca.

La bancada de Movimiento Ciudadano anunció que en la sesión de hoy presentará un punto de acuerdo para exigir el retiro del operativo, mientras el sol azteca expresó confianza en que esta medida no sea el preludio de una etapa en la que el gobierno abuse de las fuerzas federales del orden para atropellar derechos de los ciudadanos.

El coordinador perredista, Silvano Aureoles, afirmó que si el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, decidió el cierre de cuatro estaciones de la línea 4 del Metro –la cual va de Martín Carrera a Santa Anita–, así como las estaciones del Metrobús desde la Merced hasta el Eje 1 Norte (Albañiles), se debe a que está obligado a colaborar con la Federación en operativos de seguridad. Es que no tiene alternativa, no es que aplique su criterio, porque se trata de un asunto de seguridad y difícilmente podría decir que no, apuntó.

El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Luis Villarreal, justificó el tamaño del operativo con el argumento de que es preferible que los ciudadanos pasen siete días de incomodidad, a que su clase política no pueda llevar a cabo la ceremonia de transmisión de poderes.

La mesa directiva explicó que después de la sesión de mañana se permitirá la entrada a la Cámara de Diputados del EMP y la PF, con el fin de garantizar la seguridad del complejo de San Lázaro –incluido el salón de plenos– y que se restringirá el acceso al personal de apoyo para ultimar los detalles de ornato para la ceremonia.

Se giró un oficio a todo el personal de la Cámara que tiene acceso a los cuatro estacionamientos exteriores y al subterráneo para que desde el miércoles por la tarde sean retirados todo tipo de vehículos, debido a que los espacios serán reservados en su totalidad para diputados, senadores e invitados.