asta donde puede entenderse por la información que se ha hecho pública, el consejo interno del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha una investigación motivada por la aparición, el pasado mayo, de un artículo firmado por tres investigadores del Grupo de Estudios de Proteínas Membranales (GEPROM) de la Universidad de Montreal, en el que ponen en duda los resultados de dos científicos mexicanos, Alejandra Bravo de la Parra y Mario Soberón Chávez, investigadores de ese instituto. El punto central de la controversia –al menos el que ha motivado la aplicación de sanciones a los investigadores– es la inclusión en sus trabajos de algunas figuras (ilustraciones con las que se trata de representar un fenómeno, en este caso, biológico) en las que se omiten o se resaltan algunos elementos.

Es importante aclarar que la inclusión de figuras modificadas provenientes de autores distintos en los trabajos de investigación es una práctica antigua y común en todo el mundo científico, y al hacerlo se deben explicar (a menos que exista un grave descuido) los detalles de los cambios realizados y las fuentes originales. Pero esto de ninguna manera constituye un fraude. Por otro lado, las controversias entre los grupos científicos que se abocan al estudio de un mismo tema, como en este caso los mecanismos de acción de las toxinas de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), o en cualquier otro campo, son también frecuentes, y adquieren diferentes tonos que pueden llegar a francas acusaciones. Se explican por la competencia que puede ser despiadada sobre la primacía de una idea o algún resultado. Estas disputas normalmente se resuelven o evolucionan por la respuesta que dan los autores aludidos por medio de nuevos estudios y publicaciones, en los que, a partir de los resultados, pueden reconocer o no sus fallas.

Pero aquí no se pudo llegar a eso. El caso fue turnado a una comisión externa que arribó a conclusiones sobre las figuras incluidas en algunos de los trabajos de Bravo y Soberón, las cuales fueron expresadas en un lenguaje muy severo: manipulaciones inapropiadas y categóricamente reprobables y en un comunicado del director del Instituto de Biotecnología, Carlos Arias, en el que cita lo dicho por la comisión externa (recogido por Angélica Enciso, La Jornada, 20/11/12): manipulaciones desafortunadas, poco éticas y poco respetuosas del esfuerzo experimental de los investigadores que generan los resultados originales. Esta es la parte que constituye el escándalo. Pero hay un dato en el que se ha puesto muy poca atención. De acuerdo con el comunicado de Arias, el grupo de investigadores externos también concluyó que el impacto científico de las manipulaciones de las figuras era menor, ya que en ningún caso las modificaciones afectaron las evidencias experimentales que sustentan los hallazgos medulares de las 11 publicaciones.

En otras palabras, hablar de fraude, como se ha hecho en algunos medios, está fuera de lugar. Esta práctica (el fraude) consiste en la alteración intencional de los resultados de una investigación, cosa que no ocurrió, por lo que los datos experimentales de Bravo y Soberón y sus contribuciones al conocimiento sobre los mecanismos de acción de las toxinas del Bt no están sujetos a discusión y son completamente válidos. El Consejo Técnico de la Investigación Científica (CTIC) de la UNAM discutió el caso en su sesión más reciente y avaló lo resuelto por el consejo interno de biotecnología y la comisión externa, que implica la aplicación de sanciones, aunque el coordinador del CTIC hizo una aclaración muy pertinente, de acuerdo con la nota de Emir Olivares (La Jornada, 23/11/12): Carlos Arámburo de la Hoz dijo que si bien los científicos incurrieron en una falla menor, ésta no afectó los resultados de sus investigaciones, y agregó que así lo han corroborado las revistas en las que se publicaron los artículos y que fueron avisadas de esa alteración.

Si bien el procedimiento anterior muestra la capacidad que tienen los órganos colegiados de la UNAM para reaccionar ante casos como el que se comenta, lo cierto es que se ha producido un enorme daño a los investigadores involucrados. Alejandra Bravo y Mario Soberón han realizado contribuciones muy importantes al conocimiento sobre el papel de las toxinas del Bt con implicaciones importantes para el control de plagas que afectan a la agricultura y el empleo de bioinsecticidas asociados a la protección del medio ambiente. También han estudiado y producido toxinas que permitirían eliminar a los agentes transmisores de enfermedades como el dengue… Pero todo eso parece quedar ahora en el olvido.

Este proceso muestra un elemento adicional, que justifica el título del presente artículo. El episodio ha hecho surgir voces que piden un castigo ejemplar, que nos remiten a las prácticas de la Santa Inquisición en el medioevo. En el extremo, ahora se recaban firmas para pedir la expulsión de estos científicos de la UNAM. Emerge así la cara del monstruo, un canibalismo reprobable, pero que es un fenómeno real con el que se vive cotidianamente en el medio científico mexicano.

Tengo la sensación de que en todo este escándalo hay algo completamente injusto. Hacen falta voces que ahora permanecen en el silencio, y son las de Alejandra Bravo y Mario Soberón, a quienes hoy se intenta destruir. Espero que logren la fuerza suficiente para que este intento fracase y puedan continuar con su brillante carrera científica.