n número creciente de catalanes está en favor de la tesis según la cual Cataluña es una nación y, como tal, tiene derecho a ser un Estado-nación. Pero no ha llegado la hora aún de empezar el camino que lo conduciría a esa anhelada meta.

En la anticipada consulta electoral, que conllevaba el pronunciamiento de los catalanes, en favor o no, de empezar esa prolongada lucha, el partido en el gobierno, Convergencia i Unio (CiU), que encabeza esa demanda, no sólo no avanzó, sino que en el Congreso de los Diputados ha pasado de 62 diputados, que alcanzó en los comicios de 2010, a 50.

Frente a esos resultados la líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, dijo que Artur Mas y CiU son los grandes perdedores de estas elecciones. Según esta señora, Artur Mas buscaba mayorías excepcionales que no existen, por lo que el presidente de la Generalitat ha fracasado al haber anticipado los comicios. Pero, el principal perdedor político, Artur Mas, tras haber perdido 12 diputados aseguró: No me arrepiento de esta decisión, y anunció que la consulta soberanista que se proponía para esta legislatura sigue en pie.

La aparentemente enigmática afirmación de Mas, tiene que ver con la compleja situación interpartidaria e intrapartidaria de las formaciones políticas catalanas. CiU ha retrocedido, pero no es la única formación política soberanista. También Esquerra Republicana de Catalonia (ERC), así como Solidaridat Catalana per la Independència (SI), que en estos comicios marcharon juntos, obtuvieron 21 escaños, contra 14 que obtuvieron (separados) en 2010. Del mismo modo Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha estado en favor de la iniciativa soberanista, aunque a esta elección fue aliada con Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y, juntos, alcanzaron 13 escaños, de un total de 135.

Esto no significa, ni mucho menos, que los partidos favorables a la independencia catalana cuenten con los diputados de CiU, ERC, SI, ICV y EUiA, pues en ese caso la causa soberana tendría en su favor 84 escaños de los 135 espacios del Congreso de los Diputados.

Al votar la plataforma electoral con la que competiría el EUiA, el dirigente Joan Mena dijo enigmáticamente: Nuestras cuatro barras son la sanidad y la educación públicas, el trabajo digno y la lucha contra la pobreza, sin embargo no hay país ni bandera. Esta expresión parecería mostrar que en el seno de esta formación política existe alguna tendencia soberanista que aún no se manifiesta claramente.

Lo mismo puede decirse del ERC, del SI, y del ICV, dentro de los cuales existen corrientes favorables, pero a distintos proyectos soberanistas. En su idea general, el independentismo catalán propugna la secesión respecto a España y Francia. En general también propugna la libre y directa integración de Cataluña a la Unión Europea, excepto entre los sectores más radicales del independentismo.

Los proyectos de independencia más ambiciosos, de mayor alcance estratégico, pueden ser los que expresan el actual presidente Artur Mas, o el ex presidente Pujol de CiU. Su idea es la unión de los denominados Países Catalanes: Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Rosellón (en Francia), la franja del Poniente (de Aragón), el Carche (una comarca de Murcia), y Alguer (en Cerdeña, Italia) que, con la comunidad autónoma de Cataluña, una vez independizados, formarían un Estado confederado catalán.

No a todos los catalanes de Cataluña les es cercana esa idea que, más bien, ven como un sueño lejano y ajeno. Respecto de las comunidades que los catalanes agrupados en el CiU denominan Países Catalanes, poco sabemos.

No terminan aquí las dificultades que se advierten para crear ese gran Estado federado. Está de por medio la dura legislación española.

Quien convoca a un referendo como el que sería necesario para otorgar la independencia a Cataluña, es el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, según la Constitución de España. El censo de quienes participarían en ese referendo son todos los ciudadanos españoles. La vía legal consiste en que la Generalitat convenza a la Moncloa de la conveniencia o necesidad de la convocatoria, cuestión que por ahora se ve imposible, dadas las expresiones del gobierno de Rajoy sobre las pretensiones catalanas.

El gobierno de la Generalitat puede iniciar un proceso así, si 20 por ciento de los diputados autonómicos o 10 por ciento de los municipios que representen al menos medio millón de ciudadanos impulsan una consulta popular por vía de referendo, según la ley catalana. Pero para cumplir la legalidad catalana se debe honrar la española, y esto no ha ocurrido en el parlamento español.

La Constitución española actual establece el carácter indisoluble de la unidad española, afirmando que la soberanía reside en el pueblo español y no en sus distintos componentes (artículo 1), por lo que excluye la secesión, incluso la posibilidad de votarla. De modo que el referendo podría versar sobre si los votantes quieren una reforma de la Constitución que posibilite la independencia de Cataluña.

Hay un antecedente, lejano; es el caso de Canadá. El Tribunal Supremo de ese país estableció (sigo a la Wiki) que su Constitución no autorizaba la secesión unilateral de un Estado federado (Quebec). Pero asentó que merced al principio democrático subyacente al texto, el orden constitucional canadiense existente no podría quedarse indiferente ante la expresión clara, por parte de una mayoría clara (sic) de quebequeses, de no seguir formando parte de Canadá.

Sí, es malsonante, pero por los cojones de unos españoles los catalanes seguirán siendo españoles.