Buenos Aires, 26 de noviembre. Una masiva reacción de repudio sobre la decisión del Grupo de Medios Clarín de denunciar a periodistas, legisladores y grupos políticos como incitadores a la violencia y otros delitos, unió a oficialistas y opositores que hicieron oír en las últimas horas su rechazo a este tipo de accionar que vulnera la libertad de expresión.

La demanda presentada por los abogados del Grupo Clarín considera que las opiniones formuladas contra el multimedio conforman una maniobraque promueve la violencia colectiva contra la empresa y sus directivos”.

Una intimidación al periodismo es igual de grave si la ejerce el Estado o una gran empresa, dijo Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que asumirá la defensa de los periodistas denunciados por Clarín.

De la misma manera calificó como un intento de marchar atrás las declaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien afirmó que los periodistas no están imputados sino sólo citados como testigos. Verbitsky ratificó que que los periodistas fueron acusados en el escrito presentado por Clarín.

Gremios y organizaciones periodísticas antagónicas entre sí salieron a rechazar la medida, solidarizarse con los acusados y denunciar a su vez esta actitud violatoria de varias normas ya establecidas.

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, así como la Federación de Trabajadores de Prensa y también el Foro de Periodismo Argentino, un grupo de periodistas de distintos medios que se considera indpendiente y no concuerda con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hicieron conocer su condena solicitando en todos los casos levantar esta acusación.

También trabajadores del propio diario Clarín, de Canal 13 y de las televisoras dependientes del grupo, tomaron posiciones, en una acción colectiva de rechazo, a lo que se unieron organismos de derechois humanos, personalidades y otros sectores sociales.

La embestida de Clarín contra los periodistas fue calificada como una estrategia desesperada ante la imposibilidad de detener el cumplimiento de la ley, especialmente porque otros grupos mediáticos han trabajado para ajustarse debidamente a la legislación que plantea la democratización de la información.

A ningún analista escapa que esta medida se ha tomado a escasos días del 7 de diciembre, cuando deberá entrar en plena vigencia la ley de medios audiovisuales, votada hace tres años por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia fue presentada por los abogados del multimedio y acusa del delito de incitar a la violencia colectiva a los periodistas Sandra Russo, columnista de Página 12 y panelista del programa 6,7,8, y Roberto Caballero, ex director del diario Tiempo Argentino, así como el cronista deportivo Javier Vicente. También figuran en otra parte de la periodista Nora Vieyras, de Página 12 y el programa 6-7-8, un espacio donde con soportes audiovisuales y que son pruebas directas donde se demuestra cómo se manipula y se miente ; Orlando Barone (6-7-8), el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, y otros sectores políticos como Unidos y Organizados.

El escrito de Clarín está formulado como una denuncia por incitación a la violencia colectiva, pero pide a la justicia que evalúe aplicar también la figura de coacción agravada, que establece penas no excarcelables. También ya están actuando los legisladores oficalistas y algunos de oposición ante las acusaciones y los funcioanrios gubernamentales.