Naucalpan, Méx., 23 de octubre. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ha tardado más de un año y seis meses en integrar la carpeta de investigación sobre el homicidio del niño Gabriel López Chávez, quien pereció al caer de un barranco cuando el Grupo Scout 88 lo llevó a un campo de gotcha. Abogados de los padres del menor denunciaron omisiones y errores graves de la institución en la indagatoria.

“Decían que con el nuevo sistema de justicia penal –lamenta uno de los abogados de la familia de Gabriel López– todo iba a ser más rápido, pero nada: han retrasado todo”. Agregó que la fiscalía ha puesto trabas para evitar la comparecencia de testigos y el desarrollo de las diligencias.

González instó a la PGJEM a que deje de ser ineficiente, haga su trabajo y termine de investigar, para que el caso pase ya a tribunales.

La PGJEM investiga a los cuatro adultos (Pablo Javier Varela Valdez, Alfonso Padilla Alva, Itzel Olivares Varela y Juan Carlos Bucardo Vallejo) que tenían la custodia de los nueve niños del Grupo Scout 88, así como a los propietarios de Diversión en gotcha.

La fiscalía ha librado dos citatorios contra los cuatro señalados en calidad de imputados., pero sólo se ha efectuado una diligencia contra dos de ellos y no hay fecha para que los tres restantes acudan ante el Ministerio Público.

Los abogados de la familia demandante sostienen que el caso ha estado plagado de irregularidades desde su origen. El día de los acontecimientos, los peritos no tomaron medidas precautorias para preservar la escena del presunto accidente, pues el cuerpo fue retirado del barranco y las gráficas perciales se tomaron en un lugar distinto.