Brasilia, 24 de noviembre. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció este sábado el despido de funcionarios de gobierno supuestamente involucrados en una red de sobornos, que incluyó al gabinete de la presidencia en Sao Paulo y a la Fiscalía General de la Unión, en un intento por detener un nuevo escándalo de corrupción. La policía federal registró el viernes oficinas del gobierno en Brasilia y Sao Paulo, y arrestó a seis personas por manejar una red de tráfico de influencias que vendía aprobaciones gubernamentales a empresarios a cambio de sobornos.

Una de las presuntas involucradas en este fraude es Rosemary Novoa de Noronha, antigua secretaria personal del ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y actual jefa de la Oficina de la Presidencia en Sao Paulo, quien se inició en este cargo en 2003.

El despido se registró 24 horas después del arresto de los empleados y servidores públicos por parte de la policía federal.

Entre los 18 encarcelados figuran los directores de las agencias nacionales del Agua (ANA) y de la Aviación Civil (ANAC), Paulo Rodrigues Vieira y Rubens Carlos Vieira, respectivamente, así como Joseph Weber Holanda, segundo al mando de la Procuraduría General (AGU).

Según las primeras revelaciones de la policía, la red se extiende por el ministerio de Educación y siete órganos públicos, entre éstos la ANA, la ANAC, la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos, la Secretaría del Patrimonio de la Unión y el Tribunal de Cuentas de la Unión, cuyos funcionarios elaboraban informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.

La investigación denominada Porto Seguro reflejó que tres abogados y un empresario fueron los responsables de localizar y contactar a los grupos empresariales o personas interesadas en este presunto fraude y estafa.

En la operación policial iniciada en marzo, participaron 180 agentes en las ciudades de Cruzeiro, Dracena, Santos, Sao Paulo y Brasilia, donde se emitieron un total de 26 órdenes de allanamiento e incautación en Sao Paulo y 17 en esta capital.

El diario Folha de Sao Paulo informó que el fraude fue denunciada por un ex funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión, quien dijo que fue contactado por un abogado para emitir dictámenes favorables a una empresa a cambio de 150 mil dólares.