El Cairo, 24 de noviembre. El Consejo Supremo de Justicia, máxima autoridad judicial de Egipto, rechazó hoy la controvertida declaración constitucional del presidente islámico Mohamed Mursi, que blinda su poder frente a decisiones de la justicia, mientras el gremio de jueces llamó a una huelga nacional en demanda de que el mandatario renuncie a los nuevos poderes que se arrogó.

En tanto este sábado continuaban las protestas y los enfrentamientos de jóvenes contra la policía en El Cairo, la más alta instancia judicial censuró el decreto emitido el jueves por Mursi –el cual impide que las decisiones presidenciales puedan ser apeladas por la justicia–, y subrayó que esa decisión constituye un ataque sin precedente contra la independencia del Poder Judicial y sus veredictos.

En una reunión de emergencia convocada para discutir el polémico decreto, el Consejo Supremo de Justicia apremió al presidente de la república a alejar ese decreto de todo lo que viola la autoridad judicial. Además dio su respaldo al ex fiscal general del Estado Abdel Megid Mahmud, destituido por el presidente tras firmar la declaración constitucional que le permitió sustituirlo.

El Club de Jueces de Egipto, órgano que representa a los magistrados en todo el país, convocó ayer a suspender el trabajo en todos los tribunales y las administraciones de la fiscalía para protestar contra el decreto de Mursi, el cual impide que sus decisiones se puedan recurrir judicialmente. En esta reunión hubo incluso gritos exigiendo la caída del régimen.

En las provincias de Alejandría, Damanhur y Al Bahreia numerosos jueces respondieron a la convocatoria de su gremio y se declararon este sábado en huelga, informaron medios egipcios. Los magistrados están dispuestos a mantener el paro hasta que Mursi retire la declaración constitucional.

Mursi, de la Hermandad Musulmana, declaró esta semana que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para impedir la aplicación de sus decretos ni el poder para disolver el comité que elabora la nueva Constitución. Con ello el mandatario no sólo puso a los jueces en su contra, sino también a todas las fuerzas de la izquierda y liberales, que lo acusan de actuar como dictador.

El nuevo fiscal general de Egipto, Talat Ibrahim Abdulá, citó a críticos de Mursi, a los que se acusa de querer derribar el régimen. Abdulá, nombrado el pasado jueves por el mandatario, convocó a un político y dos juristas que se posicionaron contra la declaración constitucional que Mursi anunció y que recorta los poderes de la justicia frente al presidente.

Aparte de la acusación de querer derribar el régimen, los citados se han posicionado contra las decisiones del gobernante y han instado a la población a la desobediencia. El portal de noticias Al Ahram informó que éstos son el presidente de la Cámara de Jueces, Ahmed al Sind, el catedrático de Derecho Hossam Issa y el ex diputado Hamdi al Fajarani.

En tanto, la policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes contrarios a Mursi de la plaza Tahrir de El Cairo, donde cientos de personas pasaron la noche tras la multitudinaria protesta del viernes, día en el que resultaron heridas unas 300 personas en todo el país, según informaron diversos medios de prensa, algunos citando al Ministerio de Salud.

Tras las protestas callejeras del viernes en varias ciudades del país, este sábado un puñado de jóvenes arrojó piedras y chocó contra las fuerzas de seguridad en las calles adyacentes a la emblemática plaza cairota, lo que desató escaramuzas con la policía. Hasta el cierre de la edición no se había informado de lesionados o detenidos.

Un portavoz del movimiento Juventud de la Revolución señaló que la protesta continuará hasta que se retire la criticada declaración constitucional. Además piden que se disuelva la asamblea constitucional, puesto que no representa a todo el pueblo egipcio. Otros manifestantes dijeron que mantendrán un plantón por tiempo indefinido en la plaza Tahrir.

Se estima que militantes de más de 40 partidos laicos y organizaciones juveniles participan en estas movilizaciones. El prominente líder de la oposición, Mohamed el Baradei, declaró que no habrá diálogo con el presidente Mohamed Mursi hasta que anule el decreto dictatorial que, insistió, otorga al mandatario islamita los poderes de un faraón.

En este contexto, los partidos políticos liberales, de izquierda y socialistas llamaron a una gran protesta para el próximo martes, con la finalidad de forzar a Mursi a dejar sin efecto el decreto que, señalaron, ha dejado ver los impulsos autocráticos de un hombre que una vez fue encarcelado por el anterior régimen de Hosni Mubarak, derrocado el año pasado por una revuelta popular.

En respuesta, la Hermandad Musulmana, a la que perteneció Mursi antes de asumir el poder, convocó a otra manifestación multitudinaria, también para el martes, en apoyo al mandatario. Anunciaron que las movilizciones comenzarán desde este domingo en plazas públicas de todo Egipto, luego de las oraciones de la tarde.

El gobierno de Mursi ha defendido el decreto argumentando que busca acelerar la transición política desde el viejo régimen de Mubarak a un nuevo sistema de gobierno democrático. Analistas afirman que refleja las sospechas de la Hermandad Musulmana hacia sectores del Poder Judicial que no han sido reformados desde los días de Mubarak.

Apunta a marginar a los enemigos de Mursi en el Poder Judicial y en último término a imponer y evitar cualquier desafío legal a la Constitución, comentó Elijah Zarwan, miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Al Masry al Youm, uno de los periódicos más leídos de Egipto, calificó las protestas del viernes de La intifada del 23 de noviembre, usando la palabra en árabe para levantamiento. No obstante, el diario Libertad y Justicia, controlado por el partido político de los Hermandad Musulmana, publicó que El pueblo apoya las decisiones del presidente.

Los grupos islamitas ultraortodoxos salafistas que han buscado una aplicación más rígida de la ley islámica en la nueva Constitución han respaldado el decreto, al considerar que salvaría la revolución de lo que describen como remanentes del régimen de Mubarak.

El decreto de Mursi ha sido criticado por Estados Unidos y la Unión Europea, que esta semana llenaron de elogios al mandatario por su rol en la mediación que puso fin a ocho días de conflicto israelí-palestino.