Organizaciones campesinas consideraron positivo que el gobierno entrante dé continuidad al programa Procampo, si bien su estructura debe ser revisado, particularmente en las regiones de alta marginación, y se debe orientar a promover la asociación de productores.

Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), puntualizó que entre los cambios que requiere Procampo están reducir la superficie de beneficiarios, tendría que estar en 20 hectáreas máximo, que es la dotación de tierra que tienen los ejidatarios del norte del país, y la actualización del padrón de beneficiarios, toda vez que por litigios no resueltos muchas superficies de tierra quedaron fuera.

El dirigente campesino consideró necesario modificar toda la política agrícola del país cuya finalidad debe ser la producción nacional de alimentos, la autosuficiencia y terminar con la pobreza y la desigualdad.

Entre los ejes rectores de esa nueva política, dijo, debería estar el diseño de una política especial sobre las regiones y de acuerdo con los tipos de productores.

Una política especial para las zonas de riego, diferente a la de temporal y privilegiar ésta porque es la que tiene mayor producción de granos y oleaginosas, además de colocar la responsabilidad productiva en la producción campesina.

Sobre los cambios aprobados en San Lázaro a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), consideró que es buena señal, si bien hace falta poner más recursos a los programas de desarrollo rural.

Por su parte, el líder del Congreso Agrario Permanente (CAP), Juan Leyva, lamentó que no se haya consultado a las organizaciones campesinas y sociales sobre dichos cambios, toda vez que 80 por ciento de las acciones de la SRA tienen que ver con el sector más desprotegido del campo.

Nos preocupa la continuidad de planes con poco presupuesto pero de mucho impacto, como el Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, apuntó.