En un mundo dominado por la lógica de la obtención máxima de ganancias, son las grandes empresas trasnacionales –y no los gobiernos de países– las que establecen las reglas del juego, y por tanto crean un doble rasero donde tácitamente se permite la estafa y las prácticas fraudulentas a gran escala.

Así lo afirmó el catedrático Juan María Terradillos Basoco durante el tercer y último día de actividades del Congreso Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Las grandes políticas económicas las diseñan los sujetos relevantes, como las compañías trasnacionales, más allá de las soberanías de los Estados, y son ellas las que imponen a sus deudores el objetivo prioritario de pagar su deuda externa y marcan cuáles deben ser las prioridades de su política criminal, explicó el profesor de la Universidad de Cádiz.

En este escenario y gracias a los mecanismos de autorregulación promovidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las multinacionales pueden decidir no ya cómo pagar sus impuestos, sino incluso si los pagan o no, y su deuda ya se ha reducido hasta ser menor que la de un sujeto que se compra un perro, indicó.

Un ejemplo de lo anterior, dijo Terradillos, es que las acciones fraudulentas de empresarios y políticos en España producen alrededor de 44 mil millones de dólares al año, con un esquema que combina lo clandestino y criminal.

Este universo sería imposible sin la tolerancia y la complicidad de los poderes públicos. No se puede dejar de lado la funcionalidad que representa la corrupción, como en los sobornos que aceleran la actividad económica. Al dar su beneplácito a este mecanismo, las minorías locales de poder tienen que reprimir entonces a la insurgencia y la marginalidad. Criminalizamos a los migrantes, por ejemplo, pero no castigamos los delitos de la gran empresa, lamentó.

Ricardo Gluyas Millán, investigador del Inacipe, aseveró que en México hay un serio problema causado por las grandes empresas monopólicas, pues éstas agravan la concentración de la riqueza en muy pocas manos, contribuyen a la depauperización de los sectores más desfavorecidos, aumentan los precios a su voluntad y obstaculizan las políticas de eficiencia económica.