La iniciativa de Enrique Peña Nieto que modifica la administración pública federal –aprobada la víspera en la Cámara de Diputados– podría complicarse en el Senado, ya que parte de la bancada panista no está de acuerdo en la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), mientras no haya acuerdo sobre el órgano anticorrupción que habrá de retomar las funciones de esa dependencia.

La creación de la comisión anticorrupción propuesta por Peña Nieto, y que el PRI y el Verde presentaron como iniciativa en el Senado, requiere modificar varios artículos constitucionales, además de que las bancadas de PAN y PRD consideran que su alcance es limitado, lo que implicará cambios de fondo y no podrá salir por fast track, como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En entrevista, el senador panista Roberto Gil Zuarth sostuvo que a diferencia de otras fuerzas políticas, el PAN no va negar al nuevo gobierno de Peña Nieto los instrumentos que requiera para dar resultados y responder a los desafíos del país.

Sin embargo, destacó que los senadores de su partido deberán definir sobre la permanencia o no de la SFP, lo que dependerá de las competencias que se den al órgano responsable de combatir la corrupción. Si todas las funciones que tiene asignadas la SFP quedan en ese organismo, que ya no es propiamente una instancia de la administración pública federal, la dependencia pierde razón de existir.

Si, por el contrario –advierte–, se entiende que otras competencias de la SFP deben permanecer en una secretaría, se debe razonar la no desaparición de esa dependencia, recalcó.

Por separado, la perredista Dolores Padierna dijo que a su bancada le preocupa la concentración de poder en la Secretaría de Gobernación, y que no haya ahorro alguno con la desaparición de la SFP o al convertirla en subsecretaría.

Respecto a la comisión anticorrupción propuesta por Peña Nieto, reiteró que es sólo una simulación, por lo que en el Senado se modificará a fondo, con el objetivo de que realmente tenga dientes para sancionar penalmente a los funcionarios que malversen recursos públicos o se enriquezcan de forma ilegal con el cargo.

Sobre la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados un día antes, Padierna expuso que le preocupa la concentración de poderes en la Secretaría de Gobernación, la que, por un lado, concentrará la policía y las acciones punitivas, y por otro, la atención a los partidos políticos, a la sociedad. Ambas responsabilidades no se llevan, parecería que vamos a tener una policía política para atender a la clase política.