El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, negó que la desaparición de esa dependencia sea un retroceso. Aseguró que en el combate a la corrupción hasta podemos mejorar si hay voluntad política del equipo de Enrique Peña Nieto, y según como vayan a trabajar las nuevas instituciones y organismos propuestos por el presidente electo.

Advirtió que antes de desaparecer la SFP deben darse atribuciones jurídicas al organismo que la sustituya, a fin de tener facultades para continuar con los 2 mil juicios que hereda a la próxima administración, que incluyen asuntos relevantes de corrupción en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el relativo a la Estela de Luz y otros.

Estos juicios tienen un actor que los está acusando (a servidores públicos señalados por cohecho y otras irregularidades), y si desaparecemos, el nuevo organismo debe tener las atribuciones jurídicas de la Función Pública para poder continuar los procesos.

Sobre el caso Walmart (bajo investigación por el supuesto pago de 24 millones de dólares a funcionarios públicos para lograr su expansión en el mercado nacional), dijo que aun cuando quedan dos auditorías pendientes, no hemos encontrado cosa relevante como para dar una opinión fuerte o sancionar al corporativo.

En entrevista, tras la presentación de la nueva plataforma electrónica de Compranet, por medio de la cual hoy sí es posible conocer a detalle los montos, procedimientos y actores involucrados en los procesos de compras gubernamentales por un billón de pesos anuales, Morgan recomendó a la gestión de Peña Nieto que se conserven todos los programas todavía a cargo de la SFP.

Es importante que se mantengan los de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, contraloría social, mejora de la gestión pública, gobierno abierto y política de gobierno digital.

En suma, todo debe continuar, estén donde estén, si en Hacienda o en Gobernación, ya que son necesarios para un buen gobierno.

También se dedicaba a la prevención y a la contraloría

En respuesta a las críticas contra la SFP porque no erradicó la corrupción, argumentó: No se acabó de entender que la dependencia no sólo combatía la corrupción, también se dedicaba a la prevención de ésta y a la contraloría social en el gobierno federal y en los estados.

Sobre las acusaciones contra la SFP por no cobrar las multimillonarias multas impuestas a los funcionarios sancionados ni llevar a término los juicios, dijo: Nos acusan de no cobrar multas, pero no es función nuestra, es del SAT (Servicio de Administración Tributaria); de que no terminamos los juicios, pues no, porque tienen un tiempo en los tribunales. Si realmente quieren cambiar las cosas deben aprobarse cambios en las leyes y en las atribuciones de cualquier nueva institución. Sólo así se va a facilitar el combate a la corrupción.

Respecto al proceso de transición, descartó que la gestión de Peña Nieto pueda emprender alguna cacería de brujas contra funcionarios de la gestión panista de Felipe Calderón. Por el contrario –dijo–, ha sido una transición bastante tersa.

De la desaparición del Servicio Profesional de Carrera, creado para acabar con el amiguismo y nepotismo en el gobierno federal, dijo que hay que cuidar sus bondades. Precisó que los legisladores sólo pretenden modificar la contratación de 4 mil plazas, pero el servicio de carrera abarca más de 12 mil. Entonces, no todo se va a eliminar, concluyó.