La Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso (Oaxaca) constató la violación sistemática de derechos humanos en la región, un clima de inseguridad, temor y fuerte división, así como el rompimiento del tejido social comunitario derivado de la operación de la minera Cuzcatlán (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines), y exigió al gobierno federal la cancelación inmediata de dicho proyecto, así como la reparación de los daños sociales, ambientales y culturales ocasionados por sus operaciones.

También exigió al gobierno estatal iniciar un procedimiento urgente de reconciliación y evitar futuras confrontaciones; a la Defensoría de Derechos Humanos del estado pidió emitir una recomendación para proteger a los defensores de garantías individuales y a la minera Cuzcatlán que cambie su oficina de relaciones comunitarias y evite la circulación de vehículos de carga pesada porla cabecera municipal.

En conferencia de prensa para presentar el informe de la misión –realizada del 19 al 21 de noviembre pasados con la participación de 19 organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales–, sus integrantes denunciaron que el proyecto minero fue impuesto toda vez que no se consultó a la población, así como el hostigamiento a los opositores del mismo y la existencia de una fuerte relación entre la compañía minera canadiense y las autoridades municipales.

Muestra de lo anterior es que el mismo presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, informó que la empresa minera ha entregado 13 millones de pesos en el periodo 2011-2012 en obras a la comunidad de San José del Progreso; sin embargo, los ciudadanos desconocen el manejo de dichos recursos.

La concesión minera fue otorgada por la Secretaría de Economía por un periodo de 50 años. No obstante, los testimonios proporcionados por miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y autoridades involucradas refieren que la minera se estableció sin la consulta de la asamblea general de ciudadanos.

Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), refirió que durante la visita, las autoridades reconocieron que existe violación sistemática de los derechos humanos, como son la integridad personal, la vida, de consulta, a un medio ambiente sano y al agua, entre otros; sin embargo, no se ha tomado ninguna medida concreta.

Entre las afectaciones a la salud y al ambiente, los pobladores consultados por la misión denunciaron el excesivo ruido generado por el trabajo de los molinos y el polvo blanquecino resultado de las explosiones y trituración de roca en la comunidad, que ha causado alergias en la piel de los niños.

Además, el agua del río Coyote ha cambiado de color y consistencia, ha reducido notoriamente el nivel de agua en todos los pozos y la tierra se ha vuelto infértil.

Rurik Hernádez, del colectivo Fao/Rema, apuntó que en estados como San Luis Potosí, Baja California Sur, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán y Chiapas también se viven conflictos debido a la imposición de las mineras en las comunidades.

Las organizaciones entregarán un informe sobre los hallazgos de la visita a las autoridades federales y estatales, así como a organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.