La Procuraduría General de la República (PGR) despidió ayer a 230 elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos, entre quienes están 120 pilotos. Aseguró que esto es consecuencia del reordenamiento empezado a principios de año en la institución.

Sin embargo, un grupo de pilotos cesados denunció que hay al menos 70 aeronaves que cuentan con el certificado para volar, pero inexplicablemente están en tierra desde hace tres meses, por lo que no opera la flota encargada de interceptar aviones con droga procedentes de Sudamérica y de los helicópteros que fumigaban cultivos ilícitos.

La dependencia precisó que el cese de los funcionarios, que van desde mandos medios y personal administrativo hasta pilotos y mecánicos, no se basó exclusivamente en los resultados de los exámenes de confianza que les aplicaron, sino también en que sus servicios ya no son necesarios para la institución.

Funcionarios de la PGR agregaron que incluso hay un acuerdo con el sindicato para dar de baja a quienes no aprueben los exámenes de control de confianza.

Por la mañana, los pilotos fueron citados en el hangar de la PGR en el aeropuerto capitalino, donde les notificaron que a partir de ese momento dejaban de laborar, y les advirtieron que no los dejarían retirarse hasta que firmaran su cese.

Los pilotos –la mayoría con antigüedad de entre nueve y 30 años– reclamaron que los indemnizaran conforme a la ley, sin obtener respuesta favorable del personal que les anunció el despido.

Entrevistados fuera del hangar en el que laboraron por años, denunciaron que fueron tratados como criminales, a pesar de que todos aprobaron los exámenes de control de confianza e incluso –hace aproximadamente un mes– personal de la Oficialía Mayor de la PGR les había dicho en una reunión que no se preocuparan por la restructuración, que su puesto estaba asegurado.

Los capitanes Gilberto Vargas Cruz, Claudio Aguilar Enríquez y Fernando Acevedo Luna señalaron que es inexplicable la actitud de la PGR de dejar en tierra 70 helicópteros y aviones autorizados por la Dirección General de Aeronática Civil, además de que esa acción de la procuraduría contrasta con la declaraciones del presidente Felipe Calderón de combatir frontalmente el narcotráfico, cuando los aviones que interceptaban las naves con droga y los helicópteros que fumigaban los plantíos de droga llevan tres meses parados.

Precisaron que ni la Fuerza Aérea Mexicana ni la Secretaría de Marina cuentan con las unidades suficientes para llevar a cabo esa tarea. Agregaron que a pesar de que las naves de la PGR están listas para volar, la procuradora Marisela Morales autorizó la renta de aviones, a un costo de entre 5 y 7 mil dólares la hora.

Los entrevistados añadieron que los actos de corrupción y venta de refacciones detectados desde 2008 en la Dirección General de Servicios Aéreos los cometieron los funcionarios de alto nivel designados por Marisela Morales, y que, en todo caso, a quien deben investigar y castigar es a los mandos que cometieron los ilícitos.

Cuestionaron también el hecho de que las naves no estén en servicio por indicaciones de la compañía estadunidense JDA, la cual realizó la auditoría que detectó las irregularidades en la Dirección General de Servicios Aéreos, con el argumento de que no cumplen las directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio obligatorio, programa de inspección, registros de mantenimiento y cumplimiento de instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Argumentaron que la Dirección de Aeronáutica Civil es la única autoridad en la materia en el país, y que ésta es la que debe determinar qué nave está en condiciones de volar y cuál no, y al menos las 70 que no están en servicio cuentan con dicha autorización.