Entre 2001 y 2012 –esto es, durante las gestiones panistas– la burocracia federal creció 127 por ciento en mandos superiores y fueron los de subsecretarios, directores generales y directores adjuntos los puestos con mayores incrementos en todas las secretarías y dependencias del gobierno federal.

En los casos extremos del aumento de la burocracia de elite están la Procuraduría General de la República (PGR), que pasó en ese lapso de 135 a 875 funcionarios de alto rango (548 por ciento); la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que de 69 llegó a 391 (467), o la del Trabajo y Previsión Social (STPS), que subió de 79 a 259 (228 por ciento).

De acuerdo con datos difundidos por la Fundación Colosio del PRI, recopilados por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, en los dos sexenios del PAN se creó una administración federal obesa, pues mientras a la llegada de Vicente Fox a Los Pinos había en nómina 4 mil 177 mandos superiores, Felipe Calderón entregará una lista de 9 mil 498.

El artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que fue modificado en 2005, incluye los rangos de director general, de área, subdirector de área, jefe de departamento y enlace, así como los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente.

Todavía hasta 2007, cuando se eliminó el requisito, los delegados estatales de las dependencias federales llegaban al cargo por concurso. A partir de ese año, la designación de funcionarios quedó como prerrogativa del titular de la dependencia.

Lo cierto, coinciden funcionarios de rango medio entrevistados, es que los exámenes para convertirse en uno de los llamados mandos superiores eran casi inútiles, pues la decisión para favorecer a determinado candidato se adoptaba con antelación y no siempre atendiendo los criterios de capacidad y preparación exigidos en el concurso de selección.

Incluso, en ocasiones los requisitos –publicados en la convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación– eran elaborados a modo del funcionario favorecido.

Las modificaciones a este ordenamiento –una de las cuales será el inciso a) del artículo 5 para nombrar por libre designación a los directores generales– aprobadas en las comisiones del Senado y próximas a discutirse en el pleno, parten precisamente de la estructura burocrática que heredará la administración de Enrique Peña Nieto.

Ésta se compone, según los registros mencionados por 456 subsecretarios y homólogos, mil 213 directores generales, mil 595 directores generales adjuntos y 6 mil 234 directores de área. Asimismo, también de acuerdo con la normatividad vigente, corresponde a la Secretaría de la Función Pública fijar las directrices para determinar los cargos que podrán ser de libre designación.

Esta dependencia, en caso de aprobarse las reformas propuestas por Peña Nieto, desaparecerá para dar paso a una comisión nacional anticorrupción que absorbería muchas de sus facultades, entre otras las relativas a los criterios de contratación y manejo de la burocracia federal.