riginalmente asociado a un asunto político-electoral, a últimas fechas el espinoso tema de la deuda pública de las 32 entidades del país (principalmente la de Coahuila, con Humberto Moreira en el gobierno) regularmente ocupa los principales espacios de los medios de comunicación, quienes presentan el caso como algo novedoso y surgido aparentemente de la nada. Sin embargo, el rápido cuan improductivo incremento del débito de los estados de la República, más el Distrito Federal, tiene larga agenda y creciente costo, sin mayores beneficios para quienes pagan la factura.

En este contexto, la Cámara de Diputados explica que en el periodo 1993-2010 la dependencia financiera de los estados respecto del centro promedió 76.34 por ciento, es decir, que poco más de 76 centavos de cada peso presupuestal de los estados proviene de la federación. En 1993 dicho indicador fue de 55.45 por ciento, lo que significa que de los ingresos totales de las entidades federativas, un poco menos de la mitad provenía de los ingresos propios y del endeudamiento y el resto de la autoridad central. A partir de 1997 la dependencia financiera se incrementó por la creación del sistema de aportaciones. En 2001 los gobiernos locales registraron la tasa de dependencia más alta del periodo de referencia, al representar 84.8 por ciento.

En 1993 Veracruz fue el estado que registró la tasa más alta de dependencia del centro: 93.87 por ciento, es decir, únicamente 6.13 por ciento de su gasto público se financiaba con ingresos propios. Seguían en orden de importancia: Coahuila (89.7), Michoacán (89.58), Aguascalientes (87.82) y Puebla (87.42). Por el contrario, nueve entidades federativas reportaron un índice por debajo de la media nacional. Nuevo León fue el más autosuficiente, porque 80.42 por ciento de su gasto público se cubrió con ingresos propios; su tasa de dependencia fue de 19.58 por ciento, y le seguían en orden de importancia Jalisco (26.66), Baja California (28.82), Oaxaca (30.56) y Guerrero (34.71).

De 1993 a 2010 el escenario cambió radicalmente, aunque siguen siendo 23 las entidades federativas que tienen una tasa de dependencia financiera por arriba de la media nacional, la cual se incrementó de 55.45 a 78.85 por ciento. En el último de los años citados, Tabasco fue el estado con mayor tasa de dependencia financiera en la República con 95.28 por ciento; es decir, únicamente 4.78 por ciento de su gasto público se financió con ingresos propios. Le seguían Durango (94.37), Colima (92.47), Aguascalientes (91.63) y Guerrero (91.26). Por el contrario, nueve entidades federativas tuvieron un índice por debajo de la media nacional, Coahuila resultó ser la entidad más autosuficiente, porque 49.81 por ciento de su gasto público se cubrió con ingresos propios; su tasa de dependencia fue de 50.19 por ciento; le seguían en orden de importancia el Distrito Federal (56.53), Quintana Roo (61.06), Veracruz (68.88) y Nuevo León (71.61).

En términos nominales, en 2011 el Distrito Federal fue la administración local más endeudada, con un saldo de 56 mil 232.2 millones de pesos; le siguen en orden de importancia, Nuevo León, con 38 mil 590.5 millones; estado de México, con 38 mil 195.9; Coahuila, con 36 mil 509.6, y Veracruz, con 27 mil 938.1. Para este año, en 13 entidades federativas la deuda es superior a 10 mil millones: además de las citadas, aparecen Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Baja California y Tamaulipas. Puebla, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa tienen deudas mayores a 5 mil e inferiores a 10 mil millones. En 13 estados las deudas son mayores a mil e inferiores a 5 mil millones: San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Guerrero, Aguascalientes, Tabasco, Morelos, Yucatán, Colima, Querétaro, BCS, Campeche. Sólo Tlaxcala mantiene un endeudamiento menor a mil millones. Como proporción del PIB, Coahuila es el estado que tiene el mayor endeudamiento: 8.45 por ciento. Le siguen Nayarit (6.77), Quintana Roo (6.71), Chiapas (5.62) y Michoacán (4.54).

Existen cinco estados cuyas haciendas locales tienen altos riesgos financieros, porque el monto acumulado de su deuda es superior a las participaciones que reciben de la federación. Para Coahuila representa 304.56 por ciento; Quintana Roo, 204.23; Nuevo León, 165.85; Chihuahua, 118.39; y Nayarit, 111.83. Otras cuatro están muy cerca de ciento por ciento: Michoacán (98.75 por ciento), Sonora (97.6), Distrito Federal (96.01) y Veracruz (94.51).

El análisis de la Cámara de Diputados señala que la tasa de crecimiento de la deuda pública de las entidades federativas refleja su comportamiento cíclico explicado por los periodos recesivos de la economía nacional. El primer periodo expansivo de la deuda pública de las entidades federativas del país es posterior a la crisis de 1995; se presentó de 1996 a 1999, justo cuando la economía nacional sufrió uno de los periodos recesivos más profundos. El segundo pico se presentó entre 2000 y 2003, cuando la economía del país registró otro crecimiento negativo aunque no tan profundo como el de 1995. Y el tercer periodo se inició en los años previos a la recesión económica de 2009. Entre 2007 y 2011, su crecimiento no tuvo precedente.

Gradualmente la deuda pública de las entidades federativas se está igualando a las transferencias no condicionadas. Para el periodo de 1994 a 2011 esta relación pasó de 64.5 a casi 80 por ciento, lo que significa que actualmente, en promedio, por cada 100 pesos que obtienen las entidades federativas por concepto de deuda pública, hasta 80 pesos de las participaciones son utilizadas para garantizar su pago. Esto implica que en caso de que alguna administración local incumpla con las obligaciones contraídas en el tiempo acordado, los acreedores pueden acceder al cobro de la misma adjudicándose las participaciones que la Federación transfiera al estado que pasa por una situación de vulnerabilidad financiera.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, ahora que senadores tricolores promueven el rescate de los débitos estatales, la legislación que regula la deuda pública de los estados deja en claro que los créditos contratados por los gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a inversiones públicas productivas, prohibiendo canalizarlos a gasto corriente, amén de que la autorización es responsabilidad de los congresos locales, quienes fijan restricciones al endeudamiento en función de variables de tipo fiscal y financiero. Entonces, es una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Legislativo, pero ahora ninguno quiere ser responsable.

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