uando al inicio de la asamblea ejidal de Benito Juárez, Buenaventura, Chihuahua, el 17 de noviembre, se pasó lista y se leyó el nombre de Ismael Solorio Urrutia, caído hace un mes, junto con su esposa, Manuelita Solís, en defensa del territorio de su comunidad, 240 voces conmovidas de ejidatarias y ejidatarios gritaron un enérgico ¡Presente!. Voces que con la misma emoción se pronunciaron por unanimidad para exigir la salida de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en un plazo de 48 horas y para negarle todo permiso de exploración o explotación en las tierras ejidales cuando menos durante 100 años.

Nunca se había reunido el quórum oficial del ejido a la primera convocatoria. Nunca habían respondido tan al unísono hombres y ahora muchas mujeres ejidatarias. Sólo en el funeral de Ismael y Manuelita, el 24 de octubre, se había visto una acción tan firme, tan decidida, a pesar de las amenazas externas, de este pueblo enclavado en el desierto de Chihuahua.

Son testigos de la legalidad de la asamblea y del resultado de la votación, así como de la libertad para expresar todas las opiniones, los representantes de Procuraduría Agraria, la Secretaría de Gobierno del estado de Chihuahua y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, formaron un cerco afuera del recinto de la reunión representantes de varias organizaciones sociales, como El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Contec, Asesoría Técnica Comunitaria.

Sin embargo, la minera Mag Silver, en lugar de sacar su maquinaria y equipo del territorio ejidal, como lo exigió la asamblea, sacó dos comunicados infamantes en su su sitio web: www.magsilver.com. En dichos comunicados, fechados en Vancouver, el mismo día de la asamblea ejidal y el lunes 19 de noviembre y firmados por Dan Maccinis CEO y director, y con una pésima traducción al castellano: la trasnacional hace saber a sus accionistas: “…su firme opinión de que la asamblea fue llamada (sic) ilegalmente y orquestado (sic) por un pequeño grupo de activistas radicales agrarios conocido como El Barzón, que se oponen al desarrollo minero e industrial de la región”. Añade que las firmas clave necesarios (sic) para llamar correctamente la reunión fueron fraudulentas. Amenaza con buscar soluciones legales para declarar nula y sin efecto la asamblea del 17 de noviembre y se realice una nueva asamblea ejidal para que sean respetadas las normas de procedimiento y gobierno y con utilizar todas las medidas legales y diplomáticas para defender sus derechos. Concluye que los acontecimientos del 17 de noviembre parece ser un paso más en un plan cuidadosamente orquestado para socavar los derechos legales del MAG y frustrar la voluntad de la comunidad en general y advierte que tiene la intención de defender enérgicamente sus derechos a través de los canales legales y diplomáticos y que tome medidas para garantizar que las actividades ilegales y equivocada de un grupo marginal no pueden interferir con la voluntad de la comunidad más grande de Ejido.

Es un ataque directo para la soberanía de la nación que una empresa extranjera se arrogue funciones de procuraduría agraria, de procuraduría de justicia, de vocera del supuesto bien de una comunidad. Es intolerable ver cómo se apropia de la interpretación de la ley de un país que no es el suyo y ver cómo viene a nuestro país a realizar explotaciones mineras con técnicas prohibidas en su país de origen. Es además un alarde de hipocresía amenazar con acudir a instancias legales mientras ha violado la NOM 120, pues no ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, y ha realizado perforacioes por debajo del nivel del acuífero.

Mag Silver puede hacer todo esto y mentirle a sus accionistas y al público mexicano porque la ley minera del salinismo resulta más entreguista que la porfiriana y sacrifica a los pueblos en aras del interés general de una nación abstracta, otorgándole primacía al uso minero del subsuelo, por encima de la voluntad de las comunidades, tal y como reza en su artículo 6: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”

Por todo esto, la resistencia ejemplar e histórica de las y los ejidatarios de Benito Juárez es un ejemplo de un pueblo concreto que defiende no sólo su territorio, sus recursos naturales, su agua, su medio ambiente. Defiende también la justicia, la dignidad y la soberanía de la nación.

En estas circunstancias, el Senado de la República tiene la obligación de llevar a la práctica el punto de acuerdo que emitió por unanimidad el martes 6 de noviembre para parar en seco las mentiras y la ofensiva de la trasnacional Mag Silver. Debe también reformar de inmediato la ley minera para eliminar el principio de primacía del uso minero del suelo y del interés público de la actividad extractiva. Sólo así podrá defender a este y a otros pueblos que se la rifan por la nación.