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Minera se amparará contra expulsión

Exigen aclarar asesinato de barzonista y su esposa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 38

Chihuahua, Chih., 22 de noviembre. Dirigentes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos protestaron este jueves frente a la sede del gobierno estatal para exigir resultados en la investigación sobre los asesinatos del líder barzonista Ismael Solorio y de su esposa, Manuela Solís, perpetrados hace un mes.

Gabino Gómez, uno de los líderes de El Barzón en Chihuahua, pidió que las indagatorias lleven a los asesinos, pero también a quienes ordenaron el doble homicidio para sofocar, dijo, la lucha en defensa del agua y el medio ambiente en el noroeste de Chihuahua.

Los manifestantes exigieron a las autoridades del estado que se cumpla el compromiso de frenar la sobrexplotación ilegal de los mantos freáticos en la zona mencionada y la contaminación de la minera canadiense Mag Silver, que el miércoles se negó a sacar maquinaria, equipo y personal del ejido Benito Juárez, a pesar de que la asamblea ejidal determinó el sábado anterior que no permitirá que sigan los trabajos de exploración.

Mientras, directivos de Mag Silver anunciaron en el sitio electrónico de la compañía que se ampararán contra la decisión del ejido, la cual consideran ilegal, y acusaron a los dirigentes de El Barzón de radicalizar a parte de los ejidatarios de Benito Juárez contra pobladores y campesinos que, sostienen, están de acuerdo con las actividades de la minera en la zona.

Wilfrido Campbell, director de Gobernación estatal, informó que el gobierno de Chihuahua y la Procuraduría Agraria constataron la legalidad de la asamblea que determinó la salida de Mag Silver. Indicó que se ha reunido con la empresa a fin de evitar otro conflicto y sugirió que cada quien dirima en tribunales sus intereses.

Buscan cerrar pozos ilegales

Al menos 100 pozos agrícolas usados para irrigar tierras propiedad de menonitas en Namiquipa y Villa Ahumada, autorizados con documentos apócrifos, deberán ser destruidos y sellados, como parte de los acuerdos que negocian productores afiliados al Movimiento por la Defensa del Agua, autoridades federales y la Secretaría de Desarrollo de Chihuahua.