La averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a raíz de la huelga de hambre de cinco internos del Reclusorio Oriente que denuncian actos de corrupción en dicho centro se encuentra empantanada, debido a que los reos se han negado a rendir declaración ante el Ministerio Público (MP).

El titular de la dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, señaló que en dos ocasiones un agente del MP se trasladó al penal con el propósito de llevar a cabo la diligencia; sin embargo, agregó, los presos señalaron que sólo lo harán mediante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Aunque el funcionario dijo que de requerirse se llevarán a cabo diligencias específicas sobre este tema, subrayó que son necesarias las declaraciones de los presos en huelga de hambre desde el pasado sábado, porque se debe corroborar con testimonios lo denunciado en el video difundido por Internet sobre el cobro por el pase de lista y para obtener beneficios durante los días de visita.

Aclaró que para que las denuncias de los reos tengan validez jurídica deben efectuarse ante el Ministerio Público, como marca el artículo 21 constitucional, por lo que dijo, vamos a seguir insistiendo para poder esclarecer estos hechos.

De su lado, la CDHDF informó que continúa dando seguimiento a la protesta de los internos, quienes denunciaron que les cortaron los suministros de energía eléctrica y agua potable, motivo por el cual por la noche pidieron la presencia de personal del organismo.

Ante las afirmaciones de autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF de que en realidad los internos no se encuentran en ayuno, ya que en diversos días han consumido alimentos como tamales y chocolates, el organismo defensor de las garantías individuales informó que en la atención médica que se ha brindado a los quejosos algunos de ellos, como el pastor evangélico Josmar Flores, presentan signos de enfermedades en vías respiratorias, calambres y cansancio, derivadas de la falta de alimento.

Mientras, el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, manifestó que durante su gestión se ocupará de la problemática de las cárceles de la ciudad de México con una perspectiva de respeto a los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra.

El ex procurador capitalino resaltó que como parte de la reforma penal tendrá que implementarse en su totalidad a más tardar en 2016 una reforma al sistema penitenciario de la ciudad, indispensable para el nuevo sistema acusatorio.