nte integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que el incremento de las violaciones de estas garantías ha sido característica del gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el ombudsman nacional, en el sexenio que está por terminar se multiplicaron los casos de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria y cateos ilegales, entre otros atropellos. Tal fenómeno se expresa en 34 mil 385 quejas interpuestas ante la CNDH contra servidores federales del área de seguridad.

Adicionalmente, Plascencia externó su preocupación por el hecho de que el aún secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, persista en rechazar las recomendaciones por los delitos de tortura y desapariciones forzadas en los que se encuentra involucrado personal bajo su mando, y destacó que el Estado no ha logrado la coordinación y cooperación que se requiere para atender los feminicidios (5 mil 202 en 27 estados) ni alcanzar estándares internacionales de seguridad y acceso efectivo a la justicia. Asimismo, el funcionario llamó a las autoridades a que acaten la legalidad vigente y a que sean garantes de la observancia del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad, privacidad e inviolabilidad del domicilio.

Los señalamientos mencionados no constituyen novedad alguna: han sido reiterados a lo largo de los pasados seis años, tanto por la CNDH como por organizaciones humanitarias independientes, nacionales e internacionales; por luchadores sociales y por actores políticos, mediáticos, académicos y culturales. La administración calderonista no pudo o no quiso entender que la defensa de la legalidad no puede emprenderse violando las leyes que se pretende defender.

Semejante contrasentido es representativo del gobierno saliente, toda vez que ningún encargado del Ejecutivo federal había insistido tanto como Calderón en justificar y minimizar acciones arbitrarias y violatoria de la ley con la coartada de recuperar el estado de derecho. Pero no debe omitirse el hecho de que el calderonismo es, a su manera, la culminación de una degradación en el respeto a la legalidad por quienes debieran encargarse de hacerla cumplir, así como el más reciente eslabón de una cadena de impunidades de Estado que arranca con las presidencias priístas, violadoras contumaces de los derechos humanos: a la masacre de Tlatelolco, perpetrada por el gobierno de Díaz Ordaz, siguió la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo; el sexenio de Carlos Salinas, tachonado de homicidios políticos –de perredistas, en su enorme mayoría, pero también de algunos connotados priístas– , y el de Ernesto Zedillo, en el que proliferaron las masacres de campesinos toleradas o auspiciadas por el poder público. Luego vendrían, ya con un mandatario blanquiazul en Los Pinos, los excesos represivos de Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca.

Desde esa perspectiva, la catástrofe en materia de derechos humanos en que se ha traducido la fallida estrategia de seguridad del actual gobierno es la continuación, acentuada y multiplicada, de un hábito de impunidad del poder público. Es evidente y urgente la necesidad de romper ese eslabonamiento entre sexenios en el que los gobiernos entrantes encubren, por norma, a sus antecesores. Ello implica que los miles de casos de violación a los derechos humanos deben ser investigados por la autoridad correspondiente, a fin de que los presuntos responsables sean detenidos y presentados ante los tribunales. De otra manera, el pregonado respeto a las leyes por los gobernantes seguirá siendo un mero ejercicio de cinismo.