Integrantes del equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, se reunieron con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para cabildear la iniciativa de reforma constitucional en materia anticorrupción.

Cristina Díaz (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que en esta primera reunión de trabajo se valoró la pertinencia de revisar iniciativas anteriores como la que plantea la creación de una fiscalía, mientras que el proyecto impulsado por Peña Nieto prevé la integración de una comisión nacional anticorrupción.

Un tercer camino en torno a la estrategia anticorrupción se delineó ayer en el Senado, cuando el PRD presentó una iniciativa con énfasis en la rendición de cuentas y eficiencia en la calidad de gasto, ya que la percepción de la mayoría de los mexicanos es que prevalece la corrupción y la impunidad en los principales sectores de la vida pública.

No nos quedaremos con una institución que lo que busca es taparle el ojo al macho o que simple y sencillamente quiera tapar el sol con un dedo; lo que necesitamos es que los senadores tomemos (el tema) como una de las principales banderas de la nueva etapa de la transición democrática, dijo Armando Ríos Piter (PRD) al presentar la iniciativa de la llamada ley anticorrupción.

En tanto, los promotores de la iniciativa anticorrupción de Peña Nieto fueron encabezados por Felipe Solís Acero, coordinador jurídico del equipo de transición; Emilio Lozoya, vicecoordinador de asuntos internacionales, así como Eduardo Sánchez, vocero de este equipo.

Detallaron la forma en que se integraría la comisión anticorrupción, y subrayaron que la parte de los delitos sería campo de análisis de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las conductas irregulares

Cristina Díaz, en tanto, explicó que el análisis que hacen los senadores se refiere a la forma de sancionar las conductas irregulares; algunos, dijo, consideran que este aspecto lo puede desahogar la comisión nacional anticorrupción, mientras que otros afirman que es facultad de la PGR.

Algunos más creen que la vía es establecer una arista en la normatividad de combate al lavado de dinero, así como un área especializada en integrar estos temas administrativos.

Aunque no fue ponderada alguna fecha fatal para dictaminar esta iniciativa –presentada por la bancada del PRI en el Senado–, tampoco se habló de la realización de foros de consulta.

Díaz manifestó que en la Cámara de Diputados sí hay un avance en cuanto a la minuta de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de tenerla lista en cuanto se inicie el sexenio de Peña Nieto, el primero de diciembre.

El objetivo del PRI en el Senado es que esta iniciativa sea votada también lo antes posible, aunque en este primer encuentro hubo una asistencia interminente de legisladores, en particular del PAN y del PRD, quienes manifestaron diferentes opiniones acerca de lo que debe contener el nuevo esquema de contraloría del gobierno federal.