Ciudad Juárez, Chih., 20 de noviembre. El gobernador César Duarte Jáquez aseguró que su administración apoya la decisión de la asamblea del ejido Benito Juárez para que la minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria, El Cascabel, salgan de su territorio.

Explicó que la decisión de la asamblea de ejidatarios, que dio 48 horas para que la minera abandone sus tierras, se apega a derecho y el gobierno le dará seguimiento para que las dependencias involucradas, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lleven a cabo las acciones que correspondan.

El mandatario indicó: Las autoridades estatales son sensibles al problema y respetan la determinación que tomó el ejido dentro del marco legal.

El pasado fin de semana, la asamblea del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, decidió por unanimidad negar durante 100 años la posibilidad de explotar minerales en sus tierras.

La decisión tuvo validez jurídica por la presencia de representantes de la Procuraduría Agraria, de la Dirección de Gobernación Estatal y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que tomaron nota de la votación.

En el mismo acto se ordenó a la empresa Mag Silver, de origen canadiense, así como a su subsidiaria, El Cascabel, que en 48 horas saquen la maquinaria y el personal que ha realizado trabajos de exploración en tierras ejidales sin permiso desde hace seis años.

El plazo vencía este martes. Funcionarios de Gobernación estatal que dan seguimiento al caso para evitar conflictos dieron a conocer de manera extraoficial que en los próximos días la minera llevará sus equipos a un terreno de su propiedad, cerca del ejido Benito Juárez.

El presidente del comisariado ejidal, Rafael Armendáriz Solís, dijo luego de la votación unánime (alrededor de 30 ejidatarios estaban a favor de las mineras, pero tras discusiones votaron con el resto de sus compañeros) que la operación de estas empresas, que pretendían extraer oro, plata, zinc, plomo y molibdeno en el ejido, dividió incluso a familias.

Agregó que existen sospechas de que estos proyectos están relacionados con los homicidios del dirigente agrario Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuela Martha Solís Contreras, perpetrados en octubre pasado.

Recordó que las mineras nunca cumplieron las normas ambientales y que a pesar de que evidentemente contaminaron las tierras, las autoridades nunca les aplicaron la ley.