demás de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 6 de noviembre en Estados Unidos, de las que resultó relecto el presidente Barack Obama, hubo otras votaciones muy significativas en dos importantes estados en esa nación. En Washington y Colorado se decidió ese mismo día legalizar el consumo de la mariguana. Esta apertura contrasta con la política seguida por México y otras naciones de nuestro continente, que se han empeñado en una guerra muy costosa para evitar el traslado de la cannabis y otras drogas hacia ese país.
A partir de 1973, el estatus legal de la posesión y consumo de mariguana en Estados Unidos ha experimentado una interesante evolución. De considerarse un acto criminal penado con la cárcel, se ha transformado en algunas entidades en una falta civil bastante tolerada. Los infractores ya no son anotados en los registros policiales y son castigados sólo con la confiscación o alguna multa en lugar de ir a prisión. Los estados en los que esto ha ocurrido son Minnesota, Misisipi, Nebraska, Nueva York, Ohio y Virginia. Existen otros en los que es tolerado el uso de la cannabis con fines médicos, como Arizona, Hawai, Michigan, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Vermont. También los hay donde tanto la posesión como los usos terapéuticos ya no son vistos como un crimen, como en los casos de Alaska, California, Maine, Massachusetts, Nevada y Oregon.
A estos se sumaron el 6 de noviembre los estados de Colorado y Washington, en los que por primera vez queda legalizado el uso de la mariguana incluso con fines recreativos. He revisado la propuesta que fue votada en Colorado, conocida como Enmienda 64, la cual determina, en el capítulo sobre el uso personal de la mariguana, que no es ilegal poseer, usar, mostrar, comprar o transportar una onza (28.35 gramos) o menos de la yerba. La transferencia o regalo de una onza o menos a otra persona tampoco está prohibida, así como ayudar a otros en cualquiera de los actos señalados. Lo anterior tiene una restricción de edad y está permitido sólo a mayores de 21 años. Con esto se eliminan por completo la criminalización del consumo recreativo y la distribución en pequeña escala entre consumidores.
También se elimina la prohibición de industrializar y comercializar la mariguana o productos relacionados con la misma, siempre y cuando se cuente con la licencia correspondiente. Esto incluye la fabricación, tenencia, compra o venta de la yerba o accesorios; el cultivo, cosecha, envasado, transporte, almacenamiento, exhibición, etcétera. Un aspecto importante es que con esta enmienda se protegerá la privacidad de los consumidores, los que sólo tendrán que acreditar su edad y no quedarán incluidos en ningún tipo de registro.
Se determinará además un impuesto al consumo que se obtendrá de los centros de fabricación y comercialización a una tasa inicial de 15 por ciento, vigente hasta el primero de enero de 2017. Se prevé que los primeros 40 millones de dólares recaudados se destinarán a un fondo de capital para la escuela pública. Se dispone una exención de estos impuestos en los casos que involucren el empleo de la mariguana con fines médicos.
Esta evolución en un país en el que el consumo de drogas es de los más altos en el mundo es reveladora, a mi juicio, de varios aspectos importantes, entre ellos: a) el consumo de mariguana es una práctica muy extendida en varias naciones y es imposible que con medidas represivas se pueda acabar con ella; b) hay una gran mitología en torno a las propiedades de la cannabis, cuyos efectos nocivos para la salud, desde el punto de vista médico y científico, no son mayores –y en algunos casos son mucho menores– que los producidos por otras drogas legales como el alcohol, el tabaco y una amplia gama de sustancias adictivas que se venden libremente en las farmacias; c) su empleo puede ser de gran utilidad en el tratamiento de algunas enfermedades, y d) puede ser una fuente de ingresos para los estados (y ya no para las bandas criminales) por la vía impositiva, como en el caso del alcohol.
Estas medidas ponen en ridículo la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano, cuyo costo en vidas humanas ha sido hasta ahora de decenas de miles (no sabemos con exactitud cuántas, aunque distintas estimaciones se mueven en un nivel que va de 60 mil a 150 mil muertes). Queda demostrado que todo ha sido no sólo incorrecto, sino además inútil.
La prohibición es el peor camino para resolver el problema del narcotráfico, actividad que se nutre de la misma. La evolución de las leyes en Estados Unidos debe servir de ejemplo, no solamente para detener políticas irracionales, sino para abordar de inmediato el tema de la legalización del consumo de la mariguana en México.
