yer, mientras la franja de Gaza vivía una nueva jornada de bombardeos aéreos por el ejército israelí –en los cuales han muerto un centenar de personas en los pasados seis días–, prosiguieron sin éxito los intentos del presidente egipcio, Mohamed Musri, de lograr una tregua negociada entre el movimiento palestino Hamas –autoridad en Gaza— y el gobierno de Tel Aviv: los dirigentes del primero, reunidos en El Cairo, señalaron que el alto al fuego debe ser declarado primero por el gobierno de Israel; el segundo insistió en que sus incursiones aéreas sobre Gaza no se detendrán en la medida que no cesen los lanzamientos de misiles palestinos contra objetivos israelíes, al tiempo que alistó una reserva de 75 mil efectivos para una eventual incursión militar en la franja, perspectiva que, de consumarse, arrojaría una nueva oleada de asesinatos de palestinos.

Sin desacreditar de antemano la mediación internacional en el añejo conflicto de Medio Oriente, la exigencia de que las partes cooperen con todos los esfuerzos encabezados por Egipto para alcanzar un alto el fuego inmediato –formulada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el pasado domingo– pone en perspectiva una asimetría adicional en la confrontación palestino-israelí: la que implica exigir a un grupo de resistencia, que opera en un territorio devastado por la agresión militar y el bloqueo económico inmisericorde, que contenga la exasperación imperante entre sus habitantes y ejerza sobre ellos controles propios de un Estado nacional constituido.

En efecto, el lanzamiento de misiles sobre Israel –por integrantes de las Brigadas al Qassam, el brazo armado de Hamas– es condenable por cuanto van dirigidos contra la población civil, pero otro tanto puede decirse de los sistemáticos bombardeos israelíes sobre Gaza, con el agravante de que éstos no son perpetrados por organizaciones armadas autónomas, sino por una potencia militar ocupante, y que se cometen en una porción territorial previamente cercada, sometida al aislamiento económico y al hacinamiento poblacional, privada de energía eléctrica buena parte del tiempo y despojada del control de sus fronteras y su espacio aéreo.

En dicha circunstancia resultan improcedentes los señalamientos del viceprimer ministro y titular de Asuntos Estratégicos de Israel, Moshe Yaalon, quien dijo que si lamentablemente hay muertos civiles (en Gaza), toda la responsabilidad es de Hamas, que se esconde detrás de ellos, cuando es claro que, dadas las condiciones de vida y el hacinamiento que prevalecen en la martirizada franja, cualquier bombardeo israelí, por quirúrgico que sea, redunda inexorablemente en la masacre de inocentes.

En tal circunstancia, es necesario que los integrantes de la comunidad internacional, empezando por los cinco gobiernos que integran el Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China–, exijan al Estado hebreo suspender su operación militar, la cual de todos modos no logrará erradicar en forma permanente el peligro en que se encuentran los pobladores de algunas regiones de Israel –como no lo consiguió siquiera la criminal operación Plomo Endurecido, lanzada contra Gaza en diciembre de 2008 y enero del año siguiente–, pero multiplicará la cuota de sufrimiento y devastación humana y material en esa conflictiva región del mundo y profundizará la degradación que experimenta el régimen israelí por su sistemático atropello al derecho internacional, al sentido común y a los principios humanitarios elementales.