En el sexenio de Felipe Calderón se desarrolló una guerra contra la educación pública y una persecución de maestros, sostiene el especialista César Navarro. Sus pares Ángel Díaz Barriga Hugo Casanova y Catalina Inclán advierten que el instrumento central para imponer una serie de reformas fallidas y regresivas con el disfraz de mejora de la calidad fue la evaluación –una especie de Frankenstein o metástasis cancerígena– con graves secuelas: el ingreso del empresariado que ahora disputa la orientación de la enseñanza pública.

Con una extensa trayectoria en estudios sobre educación en México, observan signos preocupantes de que el gobierno de Peña Nieto optará por la continuidad, por lo que le exigen que antes de tomar una decisión, analice si todos los programas merecen seguir como lo pregonan los funcionarios calderonistas.

En víspera del cambio de gobierno, los expertos destacan que es momento de terminar de raíz con el mal arreglo político que existe en la relación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Si este sexenio mostró de manera impúdica, como nunca antes lo había hecho, cómo es la relación con el SNTE, es momento de decir que un presidente tendría que arriesgarse a pagar los costos políticos de reordenar esa relación jurídicamente”, apunta el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Díaz Barriga.

En una plática conjunta con La Jornada, los investigadores realizaron un diagnóstico de las acciones educativas en los recientes seis años, en los cuales –coinciden– se profundizó el deterioro del sistema educativo, a partir de un modelo que viene de tiempo atrás, en el que se renuncia a la idea de la educación como un ejercicio de pensamiento y de emancipación para continuar con una visión que responde a una República de Indicadores –en definición de Hugo Casanova, o a una dictadura de la evaluación, en opinión de César Navarro– en la que el objetivo no es formar ciudadanos, sino que los números cuadren.

Así, con tres cambios de secretarios sin conocimiento experto del sector, un eje productivista y un sexenio efectista, como lo califica Díaz Barriga, el gobierno del PAN implementó una serie de reformas y programas, cobijados bajo la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada con la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo en 2008. Acuerdo que fue más allá de las fronteras educativas y que tuvo que ver con las retribuciones, deudas y pagos mutuos de favores entre Calderón y Gordillo, enfatiza César Navarro, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Mora.

Ni los maestros se reconocieron en la estructura de la ACE, porque pasó por encima de ellos, señala la investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, Catalina Inclán.

De ese arreglo que se convirtió en el programa de educación de este sexenio, surgieron una serie de modificaciones. Una fue la evaluación universal, la cual, en opinión de Navarro, introdujo la reforma laboral a la educación sin necesidad de alterar la Constitución ni la Ley General de la Educación. Otro cambio fue el examen para obtener una plaza, instrumento que no sirve para reclutar a los mejores, como dijo la SEP; sin embargo, se ha utilizado para eliminar a los egresados del normalismo público, apunta.

Programada en la gestión de la entonces secretaria del ramo, Josefina Vázquez Mota, y bajo la dirección del entonces subsecretario de Educación Básica y yerno de Gordillo, Fernando González Sánchez, el gobierno introdujo en 2009 la reforma de primaria en la que se eliminó la conquista de México y los tres siglos de dominio y colonialismo español en los libros de texto gratuito (La Jornada, 24/8/09).

Las limitaciones en los contenidos de estas asignaturas ilustran la concepción de la educación y del modelo panista de formar trabajadores antes que personas, lo cual se corresponde con un gran proyecto transexenal que amenaza con reproducirse en el próximo régimen, alerta el investigador del IISUE, Hugo Casanova.

A esto, Catalina Inclán añade que este reforma tuvo razón de ser en el contexto de los cambios ocurridos antes, en prescolar y secundaria. No obstante, cuando se analiza la reforma de primaria, a la luz de las transformaciones en los otros dos niveles, se identifican una serie de incoherencias internas, pues, entre otras cosas, se construyeron por grupos diferentes pequeños reinos entre sí que operaron de manera aislada.

Así, la primera generación de la reforma de educación básica –de prescolar a secundaria– saldrá en 2018 y ni siquiera existe un estudio de seguimiento que pueda dar elementos para saber qué funcionó o qué falló, lamenta.

El instrumento fundamental para realizar todas estas acciones fue la llamada evaluación, una verdadera metástasis cancerígena que ha permeado desde prescolar hasta nivel superior, lamenta César Navarro.

Para Díaz Barriga, con ese tipo de evaluación, que no lo es, avanzó un “monstruo, un Frankenstein, sin que exista una discusión de qué es evaluar”, por ello es que Hugo Casanova subraya la necesidad de cambiar la política de simulación evaluadora, construir un esquema que fortalezca los factores sustantivos de la educación y se deje de culpabilizar a los maestros, a los padres y a los estudiantes.

Los efectos de estas reformas y acciones, dicen los estudiosos, van desde una formación muy elemental que quizás no sirva ni para la preparación del trabajo; la eliminación de la mística magisterial; la expropiación de aquellas experiencias escolares que reivindican lo local y se vinculan con la comunidad; así como inocular a los estudiantes para evitar que mantengan su deseo de continuar en el sistema educativo o valoren la enseñanza como elemento central de su vida. Sin embargo, aclaran que son las políticas educativas las que están en tela de juicio, pues la educación mexicana no es un territorio perdido, ya que hay maestros, alumnos y padres comprometidos con la enseñanza.

El regreso del empresariado y la Iglesia a la escuela

En el momento en que se carece de una política educativa clara y consistente surgen otros actores, porque hay un espacio político por llenar. Esto explica el ingreso del empresariado a la educación pública, señala Casanova.

Durante esta administración los grupos empresariales y sus fundaciones, como Mexicanos Primero, de Televisa, se vuelven entendidos en educación y dicen a todos qué es lo que se tiene que hacer, observa.

Los expertos coinciden en afirmar que este gobierno fortaleció la presencia de dichos actores, lo cual ha producido un daño a la escuela pública, porque los empresarios no entienden los propósitos de la enseñanza que imparte el Estado, sino que buscan imponer un modelo de educación afín a ellos y a sus intereses.

Hugo Casanova y César Navarro precisan que en este sexenio no sólo se profundizó el protagonismo de la iniciativa privada, sino de las organizaciones conservadoras de padres de familia y de los representantes confesionales. La Iglesia está regresando a la escuela, advierte Casanova.

César Navarro afirma que éste ha sido el sexenio de la guerra y del asedio contra la educación pública. Para Ángel Díaz Barriga, fue una tomadura de pelo y una constante el poner en entredicho a la escuela pública, mientras Catalina Inclán sostiene que esta administración no mostró una sola idea creativa arraigada en la escuela mexicana, pues muchas de las acciones fueron dictadas por los organismos internacionales. Definitivamente, remata Hugo Casanova, éste no fue el sexenio de la educación.