Con el propósito de frenar las constantes irregularidades en los manejos financieros de los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral (IFE) abrió la posibilidad de que éstos puedan contratar –opcionalmente– despachos registrados ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Con ello se sientan las bases para, con la experiencia profesional altamente calificada, abonar a la certeza en el ejercicio de los recursos.

A propuesta de la Unidad de Fiscalización del IFE se impulsó dicha alternativa para que los partidos puedan por esa vía cumplir con los informes de gastos anuales, con lo cual, según el instituto electoral, se fortalecerá la transparencia en el manejo de las prerrogativas.

Uno de los factores recurrentes por los que el IFE fija multas millonarias a los partidos es por anomalías en el ejercicio de los fondos. Según el más reciente informe de gastos ordinarios, el instituto impuso sanciones globales superiores a 70 millones de pesos, aunque posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvió algunos expedientes, al considerar insuficientemente soportado el monto de las sanciones.

No eximen responsabilidad

Sin embargo, se estipula que los partidos que opten por dicha alternativa no quedan eximidos de su responsabilidad de presentar sus informes financieros de acuerdo con lo que dispone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el caso de los que decidan apoyarse en esa alternativa, el contador público emitirá un dictamen sobre los resultados de la revisión y el balance general del estado de actividades y el flujo de recursos en efectivo. Éstos deberán realizarse de acuerdo con las regulaciones de auditorías que prevalecen.

Si el contador público registrado no proporciona la información relacionada con el dictamen o si ésta es falsa, la Unidad de Fiscalización integrará un expediente, lo remitirá al Servicio de Administración Tributaria y dará vista al colegio o asociación de contadores para que, en ejercicio de sus facultades, determine lo que en derecho proceda.

Según el acuerdo aprobado por el IFE, los dictámenes de los estados financieros de los partidos políticos deberán incluir los límites de las aportaciones de simpatizantes y de ingresos por autofinanciamiento, y análisis del monto mínimo que se debe destinar a las actividades específicas de los partidos.

El convenio destaca además que el contador público que sea contratado deberá determinar los controles necesarios para cuidar y salvaguardar la información y documentación que los partidos exhiban durante la revisión, y será el responsable de garantizar la confidencialidad de los datos y la documentación que conozca con motivo de la revisión efectuada.

La Unidad de Fiscalización llevará a cabo la revisión de los documentos del contador público registrado ante el instituto y se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes, pero en su momento podrá requerir cualquier información o documentación relacionada con la auditoría o sus términos, requerimiento que deberá ser atendido en un plazo máximo de tres días.