a subprocuradora federal Victoria Pacheco Jíménez afirmó ayer, citando los resultados de una investigación pericial, que los 14 efectivos de la Policía Federal (PF) imputados hasta ahora por el ataque a dos agentes de la CIA estadunidense y a un marino mexicano que viajaban en una camioneta blindada en el tramo Huitzilac-Tres Marías realizaron una acción directa, toda vez que casi la mitad de los 152 balazos disparados contra el vehículo se impactaron en las ventanillas del piloto y del copiloto –las superficies más vulnerables de la camioneta–, y aseguró que no hubo disparos de respuesta del efectivo de la Armada de México que iba de chofer. Asimismo, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra cinco mandos de la PF acusados de encubrimiento de los presuntos homicidas, pero que sólo una de éstas se pudo ejecutar, debido a que los otros funcionarios obtuvieron un amparo contra la detención.

Esta confirmación de que hubo un intento doloso de homicidio en el que estuvieron involucrados una veintena de integrantes de la corporación pública consentida del gobierno calderonista echa por tierra la imagen promovida por la propia administración federal, la cual aún afirma que la PF es la única policía confiable del país y el gran legado del actual sexenio en materia de lucha contra la criminalidad organizada. La verdad llana es que la corporación ha sido infiltrada por la delincuencia hasta el punto que se usó a una catorcena de sus agentes como sicarios para matar, en una operación encubierta –pues actuaron sin uniforme y a bordo de vehículos particulares–, a dos espías extranjeros cuya presencia y operación en el territorio nacional constituyen, por añadidura, asuntos de muy dudosa legalidad.

Aunque los cinco mandos de la PF imputados por el episodio enfrentan únicamente acusaciones de encubrimiento, es inverosímil que los 14 presuntos responsables materiales del intento de homicidio hayan emprendido por decisión propia una acción semejante, y todo indica que ésta tiene responsables intelectuales aún no identificados.

Cabe preguntarse, a la luz de estas revelaciones aún incompletas, en cuántas ocasiones el envío de contingentes de policías federales a regiones azotadas por la violencia –que han dejado, por lo demás, miles de quejas y de denuncias formales por parte de la población civil, agredida por los federales– se ha traducido en protección a la delincuencia y en sicariato al mejor postor. Preguntarse, incluso, de qué lado ha estado la legalidad en los numerosos casos en los que las fuerzas de la PF han sometido, perseguido y encarcelado a policías estatales o municipales.

Por lo demás, la agresión en Tres Marías revela la existencia de una colisión entre dos de los elementos esenciales de la estrategia de seguridad del calderonismo: la propia PF, por un lado y, por el otro, la presencia, cada vez más operativa de policías, espías y militares estadunidenses en el país. En suma, en las semanas postreras de este sexenio convulsionado y sangriento se exhibe, en toda su crudeza, la catástrofe de un lineamiento de gobierno que fue señalado, desde el momento mismo de su puesta en práctica, como incoherente, improvisado, propagandístico, potencialmente desestabilizador y contraproducente. La administración saliente tuvo seis años para escuchar las críticas y rectificar, pero decidió no hacerlo.