Chihuahua, Chih., 18 de noviembre. La asamblea ejidal de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, dio un plazo de 48 horas a la minera canadiense Mag Silver y a su filial mexicana Cascabel para retirar de su territorio ejidal maquinaria, equipo y personal. Asimismo, la asamblea decidió por unanimidad negar por cien años la posibilidad de explotar sus tierras para extracción de minerales.

Reunidos en asamblea general, 240 ejidatarios votaron la propuesta de no permitir más la operación de la minera, que ha realizado desde hace seis años trabajos de exploración en las tierras ejidales sin permiso, en busca de oro, plata y otros minerales. Además, decidieron que la empresa se retire del lugar, en honor de los defensores de derechos humanos y ambientalistas Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, asesinados el 22 de octubre pasado.

La decisión de los campesinos fue atestiguada por organizaciones sociales como El Barzón, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Contec, y pequeños propietarios de Villa Ahumada, quienes se sumaron al movimiento de resistencia de los ejidatarios de Benito Juárez en contra de la minera canadiense.

En la asamblea también estuviron presentes un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el director de Gobernación de Chihuahua, Wilfrido Campbell Saavedra, y representantes de la Procuraduría Agraria (PA).

Antes de la asamblea ejidal, la Secretaría del Medio Ambiente federal informó mediante el oficio UCPAST/Eu/12/1307 que la minera El Cascabel no tiene permiso alguno de trabajar en Buenaventura.

La asamblea asimismo acordó que si en el futuro se presenta una nueva solicitud al ejido de Benito Juárez para realizar exploración o explotación minera, se deberá contar con los estudios, permisos y autorizaciones correspondientes, y aprobarse por unanimidad de votos de la asamblea. Se estableció un plazo de 48 horas a partir de la asamblea para que la minera El Cascabel y Mag Silver retiren del ejido toda su maquinaria, equipo y materiales, así como todo el personal que tenga dentro. También se determinó impedir a la empresa el uso de la servidumbre de paso en las tierras ejidales.

El 57 por ciento de los ejidatarios acreditados en Benito Juárez asistió a la asablea, por lo que el personal de la PA tomó nota de que el acto tenía validez jurídica.

El presidente del comisariado ejidal, Rafael Armendáriz, dijo que la operación de mineras en el ejido trajo división incluso entre familias, porque las empresas, extranjeras en su mayoría, generaron problemas por el afán de extraer oro, plata, zinc, plomo y molibdeno.