Madrid, 18 de noviembre. El malestar en España crece a diario. En esta ocasión las calles de Madrid se llenaron de manifestantes de un nuevo movimiento, el de las batas blancas, integrado por profesionales de la sanidad –enfermeros, médicos, cirujanos, auxiliares y pacientes, entre otros– que defienden una sanidad pública, universal y gratuita. Los recortes adoptados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, en España, y del derechista Partido Popular (PP), en la Comunidad de Madrid, han convertido a la sanidad pública madrileña en una de las trincheras más activas para defender el Estado del bienestar.

Madrid se llenó de batas blancas. Eran miles de personas que expresaron en las calles del centro de ciudad y ante la sede del gobierno regional su consternación ante el proyecto de privatización de la sanidad pública, logro histórico de la sociedad española que ha convertido sus hospitales y su sistema sanitario en una referencia internacional.

Pero los recortes se han ensañado sobre todo en tres sectores: la educación, la política social y la sanidad. Por eso miles de profesionales de la sanidad y simples ciudadanos, alarmados por la situación, salieron a las calles con el lema La sanidad no se vende, se defiende, en lo que es el inicio de una serie de protestas que continuarán con una huelga de cuatro días. Algo inédito en el país, que por primera vez observa una movilización de doctores, enfermeros y auxiliares que defienden, además de sus puestos de trabajo, la posibilidad de tener los instrumentos necesarios para ejercer su profesión.

El gobierno español mantiene la hoja de ruta marcada por los organismos internacionales y los países hegemónicos de la Unión Europea (UE) –Alemania y Francia– de reducir al máximo el déficit público, adelgazar el aparato del Estado y mutilar importantes políticas sociales fruto de la lucha de varias generaciones de españoles. Y en esa hoja de ruta cada vez hay más sectores descontentos e indignados ante los efectos devastadores que amenazan su supervivencia, como la educación pública –con la marea verde en pie de guerra– o ahora las batas blancas.

El principal argumento de los trabajadores de la sanidad pública madrileña para manifestarse fue un plan de privatización que pretende llevar a cabo el gobierno regional, presidido por Ignacio González, sucesor de la ultraconservadora Esperanza Aguirre. El proyecto intenta transformar y dejar en manos de la iniciativa privada seis centros públicos, que son el Hospital Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Infanta Cristina, el Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo. Así como los madrileños hospitales de La Princesa, que se convertirá en geriátrico, y el Carlos III, que será una residencia para enfermos de larga duración.

Con gritos de Madrid, escucha, esta es tu lucha, o manos arriba, esto es un atraco, los manifestantes tiñeron de blanco el centro de la ciudad, denunciando que los políticos roban mientras el pueblo paga.

Julián Ezquerra, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), aseguró que la protesta y la huelga son serio aviso a la Comunidad para que sepan que estamos en contra y que no tendrán más remedio que dar marcha atrás. Tienen que sentarse a negociar para que sobreviva este sistema en manos de la gestión pública. No podemos tolerar que se entregue a manos privadas. De la sanidad pública no se puede hacer negocio.

Mientras que los colectivos asistentes explicaron en un comunicado leído al final de la protesta algunas de las exigencias al gobierno madrileño, al advertir que el plan de la Comunidad llevará al desmantelamiento de la sanidad pública y afectará directamente a los usuarios, por lo que la sanidad es un derecho en peligro. En plena crisis, con el desempleo actual y con un empobrecimiento general de la población, la Comunidad golpea donde nos duele a todos, en la sanidad, en nuestro Estado de bienestar. Así que no estamos ante un conflicto laboral, nos enfrentamos al desmantelamiento del Estado social.