Despedidos hace 21 años cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó Altos Hornos de México (Ahmsa), los 12 mil trabajadores de esa acerera siguen luchando por el pago justo de las indemnizaciones que entonces les prometieron. Su caso lo retomaron senadores del PRD, quienes demandaron a la Cámara de Diputados incluir en el presupuesto del 2013 una partida especial, con fondos suficientes, a fin de liquidarles el adeudo.

El senador Alejandro Encinas, autor de esa propuesta que el pleno del Senado remitió a San Lazaro, confió en que haya la sensibilidad suficiente de los legisladores para hacer justicia a los trabajadores que aún viven, a sus viudas y demás deudos.

Hizo notar que la desincorporación de las empresas públicas que se dio en los sexenios de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, donde se privilegió a poderosos grupos industriales, desató fuertes movilizaciones de trabajadores, opuestos a la privatización.

Como si fuera chatarra

Fue el caso, expuso, de los trabajadores de Ahmsa, empresa pública ubicada en Monclova, Coahuila, que se vendió en 1991 como si fuera chatarra. Ante las protestas obreras, se ofreció a los trabajadores un porcentaje del precio de venta del conjunto Ahmsa, en el entendido de que participarían como copropietarios en esa desincorporación.

Pagar algunas acciones a los trabajadores era una práctica común en aquellos procesos privatizadores. Sin embargo, dentro de los ajustes supuestamente necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa se despidió a 12 mil trabajadores y nunca se cumplieron aquellos ofrecimientos. Se vulneraron sus derechos y se les liquidó de manera injustificada.

Ante ello, los trabajadores de Ahmsa se organizaron desde hace años para requerir el pago que les fue prometido. Esa petición ha sido hecha por diversos representantes populares e incluso en 2012 fue signada por diputados del estado de Coahuila el 19 de junio de 2012, acompañando la solicitud con diversos listados de trabajadores, detalló.

Alejandro Encinas consideró que senadores y diputados no pueden permanecer impasibles ante esa injusticia y deben pugnar por que se pague a los obreros reajustados o a su viudas y demás deudos, el 5 por ciento del valor de la venta de la entonces paraestatal.