El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, manifestó que la prohibición de comprar espacios para la transmisión de mensajes políticos fue un problema en el pasado proceso electoral, por lo cual los legisladores deberán revisar si eso afecta la libertad de expresión.

Calificó de lógico que los partidos políticos busquen reformar nuevamente las normas electorales para que puedan comprar espacios en radio y televisión.

Se ha hablado mucho de que va a haber reformas tanto legales como constitucionales por los resultados que hubo en la elección. Eso es lógico. He visto en el actuar de los partidos políticos que quieren regresar al modelo para que los particulares puedan adquirir propaganda electoral por cuenta propia, afirmó.

Al participar como moderador de la mesa El supuesto financiamiento ilegal, en el quinto Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral de 2012, dijo que el tema del financiamiento a los partidos políticos es de vital importancia.

Es por ello, agregó, que los contendientes ya piensan en reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dados los problemas que se registraron en el pasado proceso electoral federal y ante el impedimento para que particulares compren tiempo en radio y televisión.

Comentó que uno de los principales retos del Congreso de la Unión será revisar hasta dónde se están afectando las limitantes a la libertad de expresión con la prohibición de que los particulares financien propaganda política, como han argumentado diversos actores políticos y académicos.

El magistrado reiteró que el TEPJF cumplió con su deber de cuidar el voto ciudadano y respetar la forma en que se hizo valer este derecho en las urnas el pasado primero de julio.

Señaló que si en los procesos electorales los partidos violan la ley en materia de fiscalización, las autoridades administrativas, como el Instituto Federal Electoral (IFE), están obligadas a imponer las sanciones correspondientes.

Sin vuelta atrás

En tanto, la magistrada María del Carmen Alanís expresó que aun cuando el IFE determinara que alguno de los contendientes del primero de julio traspasó los topes de campaña, ello no cambiaría la sentencia que emitió el TEPJF (en favor del priísta Enrique Peña Nieto).

La decisión de declarar válida la contienda se tomó –sostuvo– con base en las pruebas aportadas y los informes que se recibieron de la Procuraduría General de la República y la Unidad de Fiscalización del IFE.

Al moderar la mesa La validez de la elección, Alanís Figueroa reconoció que es necesario revisar los tiempos establecidos en la ley electoral para fiscalizar los recursos que reciben los partidos políticos y también, a juicio de algunos expertos en la materia, se deben analizar las causales de nulidad de una elección.

Con lo que marca la normatividad en la materia el tribunal electoral no puede cambiar su sentencia, a pesar de que la Unidad de Fiscalización del IFE determinara el próximo año que hubo un rebase de topes de campaña, apuntó.

En el mismo sentido se pronunció el magistrado Salvador Nava, al afirmar que los argumentos presentados por la coalición Movimiento Progresista para solicitar la anulación de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos no daban para anular 50 millones de votos.