Ante funcionarios del gobierno de Nayarit, la dirigencia de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autóno- mas (Unorca), expuso que la detención del líder local, Carlos Rivera Vielmas, es un caso típico de persecución política, violación a garantías constitucionales y derechos humanos ya que se trata de un dirigente de amplia trayectoria cuya labor en la producción y comercialización del frijol ha afectado intereses de acaparadores y funcionarios coludidos.

En dicho encuentro, el secretario de gobierno de la entidad, José Trinidad Espinoza, se comprometió a garantizar el respeto a las garantías constitucionales y derechos humanos del líder social, informó la organización campesina en un comunicado.

Desde hace año y medio Rivera enfrenta una batalla legal contra un grupo de asociados inconformes que lo demandaron por fraude, sin pruebas. Los ofendidos son los productores agropecuarios e industriales de los Servicios de Aután, municipio de San Blas, Nayarit.

Ante la acusación, el dirigente obtuvo un amparo del juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Tepic, Nayarit.

Sin embargo, el 6 de marzo de este año se dictó auto de formal prisión en su contra y el 1° de noviembre fue detenido sin orden de aprehensión en la ciudad de Tepic, incomunicado de las 10 de la mañana a las 17 horas de ese día y trasladado sin explicación ni notificación alguna a él, a su familia o abogados, para su encarcelamiento en San Blas, Nayarit, denunció la organización. El líder obtuvo libertad provisional bajo fianza.

En su momento, los dirigentes de 22 estados de la República y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unorca exigieron la inmediata liberación de Rivera Vielmas, coordinador ejecutivo estatal de Nayarit, mientras Olegario Carrillo, presidente y coordinador ejecutivo nacional de la agrupación dijo que debido a la mala fe de jueces y agentes del Ministerio Público, el dirigente campesino se encontraba preso de forma injustificada.