La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una propuesta para que se inserte en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 con objeto de que el Ejecutivo disponga de recursos adicionales y pague los salarios caídos a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El órgano legislativo de la capital del país advierte al Congreso federal que es necesario proveer de recursos adicionales a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ésta cumpla con la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que concedió amparo, y ordenó recontratar y pagar salarios caídos a 16 mil 599 trabajadores del SME.

También se demanda en el acuerdo aprobado por la ALDF que la Cámara de Diputados intervenga a fin de que el Presidente de la República, y el Poder Judicial federal finquen responsabilidades administrativas, y en su caso penales, contra los funcionarios responsables.

Como se recordará, el 11 de octubre de 2009, Felipe Calderón emitió el decreto oficial por el que se extinguió a la empresa Luz y Fuerza del Centro bajo el argumento de que el erario emitía cuantiosas transferencias presupuestarias a la empresa y ésta registraba un señalado déficit, un gran pasivo laboral, y un mal manejo del servicio de la administración.

En aquella ocasión Calderón culpó a los trabajadores de la mala administración. Desde que se concretó aquel golpe a más de 40 mil familias, gran parte de los empleados de Luz y Fuerza emprendieron un movimiento de resistencia.

Fue hasta el 13 de septiembre pasado que el tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial federal decidió amparar y proteger al Sindicato Mexicano de Electricistas, contra los actos de autoridad del Ejecutivo federal.

Así, se demanda a la Cámara de Diputados que al considerarse ilegal la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de fuerza mayor, se retribuya a los despedidos de la empresa con los salarios caídos y se aplique la recontratación de sus servicios.

La Asamblea Legislativa no provee a la Cámara de Diputados en su punto de acuerdo de una cantidad de recursos específica, pero sí emprende una defensa política de los trabajadores electricistas y demanda que la Cámara se pronuncie en defensa de la legalidad, del acatamiento de una disposición judicial, pero también en pro de los derechos de los trabajadores y de los usuarios que se encuentran desprotegidos, ante el incremento de las tarifas y los malos servicios que ofrece la CFE.