La pretendida corresponsabilidad del Poder Legislativo en el fracaso de la estrategia de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, además de ser ingenua y carente de argumentos sólidos, es ridícula porque tanto la Cámara de Diputados como el Senado cumplieron su responsabilidad constitucional de responder a las demandas del Ejecutivo y éste falló durante seis años, coincidieron diputados de PRI, PRD y PT al comentar declaraciones del secretario de Gobernación del jueves pasado.

Jesús Valdés, representante del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Sinaloa, expuso que con la adjudicación de culpas al Poder Legislativo la administración saliente trata de lavarse la cara de los enormes errores en que incurrió, porque nunca operó respaldada con un diagnóstico de la realidad nacional.

“El Poder Legislativo resolvió las solicitudes del Ejecutivo federal, respondió cuando las circunstancias presupuestales fueron externadas por el presidente en turno y es totalmente injusto pretender que tanto la Cámara de Diputados como el Senado son corresponsables de los innumerables actos fallidos del gobierno federal.

El Congreso fue no sólo coadyuvante en materia presupuestal. Al cumplir los requerimientos que Felipe Calderón hizo, llegó a ser hasta benefactor, y no es posible ni decente, mucho menos ético, echar culpas al resto de los actores de la política nacional. Simplemente, en este gobierno no se cumplió.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, consideró que Felipe Calderón se dedicó a emitir demasiados discursos en favor de la guerra y ahora la postura de Alejandro Poiré no sólo es una estrategia ridícula al repartir culpas, porque creo que el Congreso hizo su parte dándole las leyes que necesitaba, las reformas que requería y pedía el gobierno, y se hizo mal uso de ellas.

–¿El Congreso es responsable de casi 100 mil muertes?

–No se puede partir del reparto de culpas. Al final, Calderón no consultó a nadie. Nadie le dijo que declarara la guerra al crimen organizado. A escasos seis días de haber llegado al poder, se vistió de militar y recorrió la Tierra Caliente de Michoacán, y en ese contexto declaró la guerra a la delincuencia.

¿A quién consultó? ¿Con quién acordó? La Constitución señala que para declarar una guerra se requiere la autorización del Congreso, y él la declaró nada más por sus pistolas y ahí está el resultado. Que el secretario de Gobernación no quiera, por sus pistolas, curarse en salud. Lo cierto es que ya andan poniendo sus barbas a remojar, porque el problema no sólo es interno, sino de carácter internacional. Es inaceptable esta declaración de Alejandro Poiré, porque ya no hallan cómo justificar su fracaso.

No midieron las consecuencias

Manuel Huerta, del Partido del Trabajo, consideró que la declaración de Poiré es una ridícula descarga de irresponsabilidad, porque Calderón y sus allegados no midieron las consecuencias de haber declarado la guerra a la delincuencia organizada.

¿Qué se va hacer ahora con el enorme luto, el sinnúmero de víctimas y los desplazados por esta guerra? Dejan un país con una evidente crisis de gobernabilidad, porque, como señala la Universidad de Harvard, 30 por ciento de municipios del país se encuentran fuera del control institucional. El problema de fondo es que la inseguridad debe ser combatida de raíz, acabar con la injusticia y resarcir el tejido social abatiendo el desempleo y recobrando el mercado interno.