Washington, 16 de noviembre. Un abogado interpuso hoy en Washington una demanda en nombre del contratista estadunidense detenido en Cuba, Alan Gross, acusando al gobierno de Estados Unidos y a la empresa que lo contrató de no haberlo protegido ni asesorado de forma adecuada en su tarea, lo que derivó en su condena a 15 años de cárcel en la isla. La demanda exige una indeminización por 60 millones de dólares.

La demanda exige responsabilidades a la empresa que lo contrató, Development Alternatives Inc (DAI), y a Washington por su papel en la detención y encarcelamiento de Gross, incluido su lamentable fracaso a la hora de asesorarlo, entrenarlo y protegerlo, según un comunicado del bufete de abogados que presentó este viernes la denuncia ante un tribunal federal.

La destrucción de esta familia es el resultado directo de un proyecto aprobado, supervisado y administrado por DAI y nuestro gobierno que tenía fallos desde su inicio y que fue realizado con absoluto desprecio por la seguridad y bienestar de Gross, denunció el abogado a cargo de la demanda, Scott Gilbert.

La tragedia que afronta la familia Gross es terrible. Esto es algo que nunca debería haber pasado, subrayó.

Según la demanda, presentada en nombre de Alan Gross y de su esposa, Judy, tanto la empresa que lo contrató como el gobierno estadunidense bajo cuya dirección actuó fracasaron a la hora de informar de forma adecuada al señor Gross, tanto antes como después de que comenzara a viajar a Cuba, sobre los riesgos materiales que afrontaba debido a su participación en el proyecto, que el texto legal define como un proyecto del gobierno estadunidense que pretendía aumentar el acceso a Internet para la comunidad judía de Cuba.

Los acusados también fracasaron a la hora de tomar medidas adecuadas para proteger al señor Gross. Entre los fallos, lista la falta de educación y entrenamiento necesarios para minimizar los riesgos o daños y el fracaso a la hora de retirarlo de Cuba.

El contratista de 63 años fue detenido en diciembre de 2009 cuando intentaba entrar a Cuba con equipos de telecomunicaciones convencionales en la gran mayoría de países, pero prohibidos en la isla. Un tribunal cubano condenó en 2011 a 15 años de cárcel a Gross por acusaciones de atentar contra la independencia y la seguridad del Estado.