Jalapa, Ver., 16 de noviembre. En México existen 52 puntos de conflictos donde los pueblos indígenas defienden su territorio de empresas transnacionales que pretenden explotar los últimos yacimientos minerales en esas regiones, sostuvo David Barkin Rappaport, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Tenemos los casos Picachos, La Yesca, La Parota, Wixárika, Temacapulín, Ocotlán, Ostula, Cherán, los poblados de Montes Azules. Son 52 puntos de conflicto donde observamos como la política nacional hace todo lo necesario para canalizar los recursos al servicio del capital internacional, acusó.

Entrevistado después de su participación en la mesa Consulta Pública Previa, efectuada en el marco de las Jornadas Lascasianas Internacionales, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), y organizadas por esta institución y la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que históricamente los pueblos originarios han vivido embestida tras embestida.

El también investigador en economía ambiental expuso que la embestida de transnacionales enfocadas a la minería y a los proyectos hidroeléctricos, afecta a estos pueblos en forma desmedida porque han sido relegados de tierras fértiles de agricultura, y de sus territorios tradicionales, siempre, a lo largo de la historia.

Esta temática también fue abordada por Mercedes Gayosso y Navarrete, directora emérita del Seminario de Derecho Romano y de Derechos Indígenas de la Facultad de Derecho de la UV, quien consideró que las consultas públicas en las que se pretende dar voz a los pueblos cuando se discute sobre la realización de proyectos como hidroeléctricas y minas, no cumplen con la búsqueda de consensos y otorgar reconocimiento a la opinión expresada por el pueblo.

Se minimiza la opinión de los pueblos, las consultas públicas se vuelven puro protocolo y finalmente, ya sabemos de antemano que las decisiones están tomadas, planteó. Añadió que esta herramienta se ha convertido en una simulación.