l juzgado séptimo de distrito con sede en Jalisco dictó ayer auto de formal prisión por el delito de encubrimiento contra el inspector general de la Policía Federal y jefe de la base Tlalpan, Juan Manuel Pacheco Salgado, por el ataque del pasado 24 de agosto en el kilómetro 50 de la carretera México-Cuernavaca. Un día antes renunció, por motivaciones de carácter estrictamente personal, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), José Cuitláhuac Salinas. Ese mismo jueves el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, durante su comparecencia ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, hubo de enfrentar críticas durísimas a la política antidelictiva del gobierno saliente.

Estos tres hechos, que a primera vista podrían parecer inconexos, tienen como denominador común el ser expresiones del desbarajuste institucional causado por el empecinamiento del gobierno calderonista en mantener, durante seis años, una estrategia errada y errática de seguridad y combate a la delincuencia, estrategia que no sólo fue contexto de una violencia delictiva sin precedente en la historia del país, sino que propició un incremento del poder de los grupos criminales, erosionó severamente a las corporaciones encargadas de combatirlos y dio pie a una pérdida de soberanía nacional también sin precedente.

El primero de los hechos referidos ilustra claramente tales asertos: no sólo reveló la existencia de agentes operativos de la CIA en territorio nacional, sino que puso al descubierto la injustificable supeditación de la Marina de México a Washington, por cuanto un oficial de la Armada mexicana hacía las veces de chofer de los espías. Por si no bastara con esas anomalías, 14 agentes de la Policía Federal, vestidos de civil y en vehículos particulares, intentaron asesinar a los estadunidenses y al marino. Por añadidura, un alto mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino –considerado brazo derecho del aún secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna– arguyó que los agresores investigaban un secuestro en la zona de Huitzilac- Tres Marías, donde ocurrió el ataque, en tanto que Pacheco Salgado, ahora se sabe, los instruyó para que ocultaran los automóviles particulares, se pusieran los uniformes reglamentarios y abordaran sus patrullas de cargo a fin de presentarse ante la Procuraduría General de la República (PGR). Para rematar, el episodio alimentó y exhibió de nueva cuenta la conocida rivalidad que se ha establecido, durante el gobierno calderonista, entre esa dependencia y la SSP de García Luna.

Más allá de esos asuntos, siguen en el aire las dudas, las preguntas fundamentales que deja la agresión: por qué 14 agentes de la PF quisieron asesinar a tres miembros de la CIA y quién concibió y ordenó el ataque.

Aun sin las respuestas correspondiente el hecho puso de manifiesto la existencia de designios delictivos al interior de la Policía Federal, presumida por el régimen saliente como modelo y punto de referencia mundial.

En la dependencia rival, la PGR, las cosas no parecen ir mejor. La dimisión del ahora ex titular de la Seido, así se haya presentado como consecuencia de motivaciones personales, abre el espacio para las dudas y las especulaciones, por cuanto resulta difícil imaginar qué clase de motivos privados impidieron al llamado zar antidelincuencia esperar 14 días –que son los que restan a la administración actual– para separarse del cargo sin generar un dislocamiento institucional en la que se supone es la prioridad gubernamental número uno: el combate a la criminalidad organizada.

Por último, el que el secretario de Gobernación haya sido zarandeado el jueves pasado por los legisladores fue consecuencia lógica de la catástrofe institucional en la que desembocan seis años de trágica y exasperante terquedad gubernamental en materia de seguridad y contención de la delincuencia.