Calderón se va sirviendo a Monsanto

Adelita San Vicente Tello  Directora de Fundación Semillas de Vida, AC  [email protected]

FOTO: Adelita San Vicente Tello

En el año 2009, el gobierno de México autorizó
las siembras, experimentales y limitadas, de maíz transgénico.
Un clamor de protesta se alzó desde los campos.
Nadie ignoraba que los vientos se ocuparían de propagar la invasión,
hasta que el maíz transgénico se convirtiera en fatalidad del destino.
Eduardo Galeano, Los hijos de los días, 2012

Felipe Calderón Hinojosa no sólo será recordado por los más de 50 mil muertos que provocó la guerra sin sentido que inició y mantuvo por seis años. FeCalHin también pasará a la historia como el presidente que entregó nuestro maíz a Monsanto, una de las empresas más cuestionadas en el mundo por sus productos y prácticas.

Larga es la lista de ilegalidades cometidas al respecto. El resultado ha sido ceder a las empresas este patrimonio de la humanidad que los antiguos pobladores de esta región brindaron al mundo, y con ello poner en riesgo la alimentación de quienes tenemos en el maíz la base de nuestra alimentación (los mexicanos consumimos en promedio 328 gramos diarios de maíz, lo que nos provee el 39 por ciento de las proteínas, 45 por ciento de las calorías y 49 por ciento del calcio diariamente requeridos).

El botín no es poca cosa, el maíz es hoy el cereal más importante del mundo: ocupa el primer lugar en cuanto a volumen de producción; en cuanto a usos, es el producto más versátil después del petróleo, no sólo se utiliza como alimento, sino en muchos otros productos como papel, pilas, incluso como combustible y como bioreactor para producir medicamentos. Es el cultivo más difundido en el planeta, se siembra en diversas regiones y climas: desde Canadá y Rusia hasta Argentina y Sudáfrica. Por su gran adaptabilidad, es el cultivo ideal para el cambio climático, lo cual, sumado a sus características botánicas, lo hacen ser el cultivo que más se usa para experimentar modificaciones genéticas.

Las empresas semilleras trasnacionales, en particular Monsanto, quieren adueñarse de esta planta excepcional por medio de la tecnología de los transgénicos, la cual ha sido rechazada por la mayoría de los países del mundo. Al insertarle su tecnología, estas empresas se apropian del conocimiento generado a lo largo de ocho mil años por los antiguos pobladores de esta región, quienes lograron transformar el teocintle –un pasto, con un pequeño fruto– en el maíz que hoy conocemos.

Calderón y su gabinete Monsanto, en el que se incluye a Bruno Ferrari, secretario de Economía, quien trabajó para esta empresa, ha hecho todo lo necesario para cumplir el compromiso que hizo con el director mundial de Monsanto en Davos, Suiza, en 2009. Monsanto ha sido beneficiada por la mayor parte de los permisos concedidos por el gobierno mexicano para sembrar transgénicos; casi 70 por ciento de las solicitudes de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados (OGMs) en México en 1988– 2012 han sido promovidas por Monsanto, con diferentes nombres.

El propio secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció en una reunión celebrada en enero de 2012 con científicos y diversas organizaciones: “Es cierto, hay muchos riesgos, pero también muchos intereses”. Y qué decir del secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, que ha desatendido las opiniones de los órganos de consulta que integran la dependencia a su cargo. El Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) han rechazado las solicitudes realizadas por las empresas. A pesar de ello, este funcionario ha mostrado claramente que sirve a los intereses de Monsanto y ha emitido el eictamen vinculante favorable que le otorga la última palabra en la definición de los permisos de acuerdo con la Ley.

A lo largo de este sexenio, los secretarios Monsanto fueron desmontando los pocos mecanismos de bioseguridad que –gracias al empuje de las organizaciones sociales– se establecieron en la tan criticada Ley Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). El Reglamento de la Ley fue publicado en 2008 sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad y violando la Constitución, estableció regulaciones que no contiene la Ley para conceder con agilidad los permisos para transgénicos. Después, en marzo de 2009, se publicó una reforma al Reglamento de la LBOGM para anular el Régimen de Protección Especial del Maíz.

Con estas ilegalidades, el gobierno de Calderón entregó los primeros permisos para siembra experimental de maíz transgénico. Al iniciar 2012 dio permisos para siembra piloto de maíz transgénico. Después, el 6 de junio, se otorgó el primer permiso comercial para soya transgénica, el cual está suspendido por la demanda de amparo interpuesta por los apicultores.

Este escalamiento de los permisos es otra ilegalidad pues no han publicado la Norma que la Ley establece para dar a conocer los resultados de cada fase experimental. En lugar de cumplir con la Ley, Monsanto ha dado a conocer los supuestos resultados en una infinidad de foros organizados por el gobierno con recursos públicos.

Ahora, un mes antes de concluir, el pasado 2 de noviembre el gobierno de Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y centros de diversidad genética del maíz”. El Acuerdo determina las áreas únicamente para los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Con ello, lejos de cumplir con el objetivo de proteger los centros de origen y de diversidad genética, más bien lo que se busca es determinar las zonas en las que se podrían sembrar transgénicos. Además, el país no puede fraccionarse y sólo considerar una parte. La publicación de este instrumento determinado por la Ley en su Artículo 86 constituye una violación a la misma legislación.

Para este Acuerdo, los secretarios Monsanto no consideraron las opiniones en contra emitidas por científicos destacados y ciudadanos que en la consulta realizada llamaron a preservar la condición de México como centro de origen y diversificación constante del maíz. Tampoco tomaron en cuenta la información generada por el Proyecto Global de Maíces Nativos, que realizó la Conabio. Este proyecto –que es la investigación más relevante realizada en maíz en nuestro país en los 50 años recientes y con un costo de más de 15 millones de pesos– encontró novedades tales como: “la diversidad en las variedades criollas (nativas) de maíz de cultivo es superior a lo que se creía que existía originalmente, antes del estudio (en particular de los estados del norte de México)”.

El gobierno de Calderón se va; sin embargo, sigue la alerta pues Monsanto, Pionner y Dow Agrosciences han hecho solicitudes para sembrar comercialmente maíz transgénicos en Sinaloa y en Tamaulipas por más de dos millones de hectáreas. Estas solicitudes muestran la prepotencia de las empresas en su operación, pues por una parte la superficie solicitada es mucho mayor que las áreas de siembra de estos estados, con lo cual se prevé el intento de desregular la siembra de maíz transgénico en México; por otra parte, pareciera una afrenta al “pueblo de maíz” solicitar sembrar y contaminar el principal estado productor de maíz blanco de México –Sinaloa– con maíz NK603. Este tipo del maíz es precisamente el que fue utilizado en Francia por el doctor Gille Eric Serálini para evaluar la salud de ratas alimentadas con diferentes cantidades de maíz transgénico, un polémico estudio cuyos resultados demostraron muerte prematura y cáncer en las ratas.

La evidencia científica sigue acumulando razones para oponerse a la introducción de maíz transgénico en nuestro país. El nuevo gobierno deberá, de manera responsable, detener todo permiso de siembra transgénica en México para preservar nuestra condición única de centro de origen y de diversidad genética del maíz y garantizar nuestro derecho a una alimentación sana consignado en el Artículo Cuarto. de nuestra Constitución.