Diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proceso de renovación del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se está llevando a cabo de forma adecuada, pues algunos de los candidatos todavía son servidores públicos o militantes de partidos políticos, lo cual los inhabilitaría de forma automática, según la ley.

En una carta pública dirigida a los integrantes de la comisión de Derechos Humanos del Senado, los colectivos firmantes –entre ellos la Red Todos los Derechos para Todas y Todos– recordaron que los artículos 17 y 18 de la Ley de la CNDH advierten que los aspirantes a integrar el consejo consultivo no pueden ser funcionarios en activo ni tener una cercanía expresa con ningún partido.

Pese a ello, los legisladores aceptaron la candidatura de Omeheira López Reyna, miembro activo del PAN y actual titular de la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, cuyo trabajo en dicho puesto, además, ha sido deficiente y poco operante, indicaron las organizaciones, quienes consideraron la posible elección de dicha funcionaria como un grave retroceso.

En situación parecida se encuentra Dora Martínez Valero, también militante del blanquiazul, lo cual refleja que el proceso de elección de consejeros no se realiza con base en trayectorias, sino en pugnas políticas, indicaron.