Las preservará hasta que la ONU decida sobre recurso de Proceso
Viernes 16 de noviembre de 2012, p. 13
El traslado de más de 220 millones de boletas de las elecciones federales de 2006 a la ciudad de México para almacenarlas en una sola bodega tendrá un costo de 5 millones de pesos para el Instituto Federal Electoral (IFE). Con esa acción se pretende abatir el costo que tendrá para el organismo la preservación de materiales al menos hasta mayo de 2013, fecha en que se espera que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas defina la admisibilidad del recurso promovido por la revista Proceso para acceder a los documentos.
Por razones de la medida cautelar que solicitó (el comité) y que atendimos o acatamos, se ha detenido la destrucción de las boletas. Vamos a concentrarlas en una sola bodega, que no hemos definido aún porque va a depender de ciertas condiciones para poderlas llevar con facilidad y que se encuentren en condiciones de absoluta seguridad
, dijo el consejero Marco Antonio Banos.
A su vez, el consejero Alfredo Figueroa comentó que la decisión del Consejo General del IFE de que se analice la viabilidad de realizar un estudio a las boletas de 2006, similar al realizado para los comicios federales de 2003, 2009 y 2012, dependerá de que sea físicamente factible.
Durante el traslado de las boletas, la dirección ejecutiva de Organización Electoral obtendrá información para rendir un informe de las condiciones en que se encuentran los materiales y decidir en consecuencia.
Al referirse a la propuesta del PRD de efectuar un estudio, dijo que desde la perspectiva jurídica no aprecia ninguna objeción para realizar un estudio que permitiría al IFE allegarse información sobre el comportamiento electoral, la participación ciudadana y el funcionamiento de la capacitación de funcionarios de casilla. Recordó que en todos los casos la decisión de efectuar estudios se ha adoptado en vísperas de la destrucción del material electoral.
Reconoció que para el caso de 2006, dado el largo periodo de litigios –por las peticiones de acceso a las boletas que se han promovido– hacen peculiar la decisión. Pero no vería por qué no hacer estudios como los que hemos realizado en otros casos. Entiendo la controversia que han suscitado, pero de mi parte no hay objeción
y su realización sólo sería condicionada por el estado físico del material.
Mencionó que existen interpretaciones relacionadas al momento en que, de ser procedente, se realizaría el estudio, en virtud de que podría empatarse con el plazo en que podría darse la resolución del último recurso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Dijo que en su momento se analizaría esa vertiente y consideró que no se contrapondría, porque eventualmente no se estarían destruyendo las boletas, sino sometiendo una muestra a estudio.
Por otro lado, se desconoce cuándo se realizará el traslado de las boletas de las 32 bodegas estatales en que se encuentran desde 2008, cuando, al prolongarse los procesos legales, se determinó concentrar los materiales que estaban en las juntas distritales en una bodega por entidad.
Analizan la colaboración del IFE con los institutos estatales
Con el propósito de avanzar en la definición de los alcances y características que tendrán los convenios de colaboración, funcionarios del IFE –encabezados por el consejero presidente Leonardo Valdés– se reunieron ayer con los presidentes de los institutos estatales de 10 de las 14 entidades donde el próximo año se celebrarán elecciones.
Durante el encuentro, Valdés Zurita destacó la importancia de que exista mayor colaboración para lograr la consolidación de la democracia en México. Destacó que hay facultades exclusivas del IFE en las que ofrece mayor coordinación con los institutos locales, como la fiscalización de gastos de los recursos de los partidos, la administración de los tiempos del Estado para la emisión de mensajes, así como el manejo del padrón y el listado nominal.
El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, destacó que en 2013 estarán en juego 2 mil 181 cargos de elección popular por lo que se pretende avanzar en la definición de los convenios bilaterales que se firmarán con cada instituto local, sobre la base del esquema utilizado para las elecciones concurrentes, como ha ocurrido en 2009 y 2012.