Senadores del PRD advirtieron ayer que la propuesta de Enrique Peña Nieto de convertir la Secretaría de Seguridad Pública en una subsecretaría que dependerá de Gobernación, puede ser un retroceso autoritario a la década de los 70, donde la dependencia de Bucareli tenía el control policiaco y lo utilizaba contra los opositores.

En contraparte, el senador del PRI y secretario jurídico de ese partido, Raúl Cervantes, rechazó que la Secretaría de Gobernación pudiera utilizar a la Policía Federal para reprimir. Interrogado sobre la posible participación del general colombiano Óscar Naranjo en esa decisión de convertir a la SSP en subsecretaría, respondió que como asesor de transición, alguna opinión tuvo que dar en el tema de seguridad.

Insistió en que Peña Nieto tomó esa decisión por los 12 años de discusión entre la SSP y la PGR, además de las críticas internacionales a la gestión de la primera de esas dependencias. Lo que se busca, insistió, es que la Secretaría de Gobernación recupere sus facultades específicas de garantizar la seguridad de los mexicanos.

Por su lado, el coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz, recalcó que no se justifica que el responsable de la política interior sea al mismo tiempo el jefe de la policía.

Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett consideró que dada la forma en que la Secretaría de Seguridad Pública ha operado, con los montajes grotescos de su titular, Genaro García Luna, y su fracaso rotundo, debe desaparecer, pero no endosarse a Gobernación, como pretende hacer Enrique Peña Nieto.

El legislador perredista Miguel Barbosa expuso que le preocupa que el próximo gobierno pretenda volver al viejo esquema priísta en el que Gobernación controlaba todo y había represión contra los partidos y los militantes de izquierda.

Igualmente, la perredista Dolores Padierna dijo que es riesgoso crear una secretaría con poderes metaconstitucionales, que tenga todo el control político y policiaco, a la usanza de los 70.

Por otra parte, el penalista Marín Millán advirtió que la propuesta de desaparecer la SSP puede llevar a crear un supersecretario todopoderoso que convierta a esa dependencia en una instancia gubernamental desde la cual se persiga, amedrente y vigile a enemigos políticos, más que a criminales.

Otros abogados, como Rogelio Garza, especialista en casos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, advirtieron que se debe continuar con la profesionalización y depuración de los cuerpos policiacos, así como impedir que esta fusión sirva para imponer un control político.

Millán indicó que las nuevas facultades de Gobernación deben quedar delimitadas en la Ley Federal de la Administración Pública para evitar que cuando el próximo secretario del ramo tenga la intención de iniciar persecuciones políticas pueda tener limitaciones jurídicas o contrapesos legales.