De forma unánime, los consejeros del Instituto Federal Electoral aprobaron suspender la destrucción de las boletas de los comicios de 2006, en atención a la solicitud de medidas cautelares del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a partir de un recurso de la revista Proceso. El tema fue motivo de un largo debate en el que PAN y los partidos de izquierda cuestionaron los alcances del acuerdo.

El representante de AN ante el instituto, Rogelio Carbajal, descalificó la decisión, pues equivale a desconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a que el Estado mexicano desconozca una instancia que en plenitud de jurisdicción resolvió hace más de un año su inadmisibilidad. No debieran, aseguró, aceptarse las recomendaciones del alto comisionado.

Entre la izquierda, la pretensión de concentrar las casi 230 millones de boletas que se encuentran en 32 bodegas en todo el país en una sola en la capital generó suspicacias. El perredista Camerino Márquez demandó que se adoptaran medidas preventivas para evitar incendios, como el ocurrido en San Lázaro en 1988.

En paralelo, los consejeros aprobaron la propuesta del PRD para que, aprovechando la prórroga, el instituto realice diversos estudios –de participación ciudadana, de capacitación, entre otros– de esos comicios, como se ha realizado para las elecciones de 2003, 2009 y 2012. Diversos consejeros plantearon la posibilidad de discutir si es viable la propuesta, material y jurídicamente.

A fin de realizar un análisis más puntual, la propuesta perredista se turnó a las comisiones de Organización, Capacitación y del Registro Federal de Electores para su discusión.

Al presentar la propuesta para suspender la destrucción de las boletas, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, sostuvo que en la actualidad los derechos humanos tienen un carácter supranacional en su tutela, por lo que la solicitud demanda sensibilidad y mesura, pero también absoluta responsabilidad de las instituciones que tienen como una premisa de gestión pública observar escrupulosamente el principio de legalidad.

Pese a las críticas panistas por atender esta petición, todos los consejeros cerraron filas para reivindicar la decisión.