Los juzgadores de todo el país se comprometieron este fin de semana a impulsar la independencia del Poder Judicial (en su ámbito federal y estatal), en todos sus ámbitos, promoviendo las reformas constitucionales necesarias que den paso a su autonomía y garanticen el fortalecimiento de la carrera judicial.

Al suscribir el documento de conclusiones de los trabajos de la séptima asamblea general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), que se efectuaron en la ciudad de México, donde el tema principal fue la Judicatura en el Estado constitucional y democrático de derecho, los impartidores de justicia de todo el país, incluidos los del fuero común, aprobaron el diseño de un curso de formación para impartidores de justicia, en materia de protección de derechos humanos, control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, en el que se utilizarán los contenidos, metodologías y materiales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está empleando en la formación de los impartidores de justicia pertenecientes al Poder Judicial de la Federación.

De igual forma, en las mesas de trabajo los impartidores de justicia refrendaron –en la mesa de equidad de género– el compromiso por impartir una justicia libre de discriminación por razón de sexo o género, que garantice la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y por propiciar ambientes laborales libres de violencia.

En la mesa de ética y disciplina judicial, se afirmó el compromiso ético por los derechos humanos, a fin de generar documentos accesibles, como la denominada Carta de Derechos del Justiciable, que será una especie de reglamento en el que se basen los juzgadores a la hora de interpretar una norma.

Asimismo, los jueces se comprometieron a promover el respeto a la legalidad como exigencia ética mínima de convivencia y fomentar que los Tribunales Superiores de Justicia puedan adoptar un solo código de ética, como es el caso del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial.

En el apartado sobre derechos humanos y control de convencionalidad, se destacó que todos los juzgados y tribunales del país tienen la obligación de practicar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Esta obligación deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de México y los criterios por la Suprema Corte al discutir el caso Radilla.

Los juzgadores del país también se comprometieron a elaborar un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que requieran un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que incluya un enfoque en jurisdicción indígena y su respeto a los derechos humanos.

En las mesas de trabajo participaron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas; el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón; los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa y Pedro Esteban Penagos López; el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, y el magistrado Armando Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la AMIJ.

De igual forma, intervinieron como invitados internacionales: Marc Bossuyt, presidente de la Corte Constitucional de Bélgica; Sisi Khampepe, ministra de la Corte Constitucional de Sudáfrica; Samuel K. Date-Bah, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Ghana y Federico Hernández Dentón, presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.